Montevideo.- La discusión política en Uruguay atravesó un breve momento de crispación cuando, en 2024, en plena campaña electoral, se supo que el entonces opositor Frente Amplio (FA, centroizquierda) proponía la “desprisionalización” como una medida urgente para frenar el aumento incontenible de presos en el país.
“Para nosotros desprisionalizar es utilizar todos los instrumentos posibles que permitan evitar la prisión. Hablamos de la expansión y el fortalecimiento del sistema de medidas alternativas. No pensamos en liberar gente”, dice a la Agencia Sputnik la especialista Ana Juanche, defendiéndose, aún hoy, de los ataques de la oposición que entonces acusaba al FA de pretender amnistiar masivamente a los delincuentes.
La centroizquierda ganó la elección sacando rédito de los magros resultados en seguridad pública obtenidos por la gestión de Luis Lacalle Pou (2020-2025, Partido Nacional, centroderecha) y Yamandú Orsi, el nuevo presidente, designó a Juanche como directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo encargado de las prisiones a nivel nacional.
Juanche ha cultivado una larga experiencia como experta en el tema carcelario, tanto en puestos de gestión, como en espacios de investigación.
La nueva directora enfrenta la tarea pírrica de reformar un sistema “gigantesco”, “inhumano” e “infinanciable”, según conceptos del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, quién recientemente advirtió -como si faltaran metáforas- que el pequeño país sudamericano duerme “arriba de una bomba atómica”.
Toda una paradoja: con una población de 3,5 millones de habitantes que tiende a decrecer, las prisiones uruguayas albergan a casi 17.000 personas (cuando solo hay 13.500 plazas disponibles), y las autoridades prevén que habrá 20 mil presos antes de 2030.
PARA EMPEZAR
Con 470 presos cada 100.000 habitantes, Uruguay es el décimo país del mundo con la mayor tasa de prisionización y el primero de América del Sur; a pesar de ello, con un crecimiento interanual de la población carcelaria que entre 2020 y 2024 promedió casi un ocho por ciento, los recursos del INR están congelados.
“Es una institución que no recibe mucho presupuesto”, dice Juanche con cierta resignación.
Son días agitados para la directora, que llegó apresurada a su entrevista con esta agencia, luego de salir de una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución con la que el INR acaba de firmar una “carta de intención” para conseguir un nuevo préstamo.
Es solo una de las instituciones internacionales a las que el INR solicita financiación. En los próximos meses, además, el organismo enfrentará su primera prueba de fuego: negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un aumento de recursos para gestionar la reforma durante los próximos cinco años, en un contexto restrictivo para las cuentas públicas del país.
En plena negociación, Juanche se niega a informar la cifra solicitada al MEF, pero asegura que el INR necesita de forma urgente una “una inversión considerablemente mayor” a los 160 millones de dólares anuales con los que se maneja actualmente.
Todo para que el organismo alcance, hasta el 1 de marzo de 2030, el modesto objetivo de invertir en “recursos humanos” y en “infraestructura”.
“No porque comulguemos con la idea de que la solución es construir más plazas, sino fundamentalmente porque tenemos unos niveles de hacinamiento intolerables. Y porque tenemos una cantidad de plazas que están en condiciones irreparables. Es tal el colapso que no admiten más reparación”, admite.
EL COLAPSO
En los últimos 20 años la cantidad de presos en Uruguay aumentó un 130 por ciento.
Según el último informe del ombudsman para el sistema carcelario, el 83 por ciento de estas personas no cuenta con condiciones que permitan su rehabilitación, el 43 por ciento cumplen su pena en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, y el 46 por ciento son analfabetos.
La cantidad de mujeres presas, a su vez, creció más del 965 por ciento en dos décadas; sobre todo, luego de que en 2020 el gobierno de Lacalle Pou robusteció las penas para el microtráfico. El resultado pudo verse dos años después, cuando la mitad de las presas fueron condenadas por esos delitos.
Las cárceles uruguayas fueron además calificadas como “necrogénicas” por académicos que estudiaron la evolución de las muertes bajo custodia en los últimos años: casi 49 personas mueren en promedio anualmente, muchas de ellas en macabros incendios que se cobran la vida de varios presos a la vez.
Entre 2006 y 2022, la tasa de homicidios intramuros fue 16 veces mayor que la tasa a nivel nacional y la tasa de suicidios fue 4,5 veces más alta.
Hay alrededor de 4000 funcionarios en la planilla del INR para los casi 17 mil internos. Sin embargo, más de un 20 por ciento no está en funciones, debido a certificaciones médicas, procesos administrativos o incapacidades permanentes o temporales.
A la vez, hay aproximadamente 10.000 medidas alternativas a la privación de libertad dispuestas por la justicia, pero solamente 159 funcionarios con la tarea de supervisarlas.
Respecto a la reincidencia: a los tres meses de ser liberados, un 30 por ciento de los reclusos vuelven a la cárcel; a los tres años, este porcentaje sube al 66 por ciento.
Una dificultad adicional es el ingreso a cárceles uruguayas de integrantes de organizaciones criminales extranjeras (como el Primeiro Comando da Capital, PCC) y el riesgo permanente de formación de organizaciones autóctonas.
Según Juanche, la inteligencia carcelaria ha detectado varias situaciones del estilo y trabaja en políticas focalizadas para contener la amenaza. Respecto al PCC, asume que se registraron “contactos”, pero que todos fueron “infructuosos”.
LA OTRA REFORMA
A la par de obtener recursos para asegurar condiciones básicas, se pretende lograr modificaciones “integrales” de la política criminal en Uruguay, que según la jerarca es la verdadera razón por la cual el país se ha vuelto un encarcelador serial.
“En Uruguay usamos preponderantemente la privación de libertad como respuesta para un conjunto de situaciones muy heterogéneas y la evidencia internacional dice que la cárcel no siempre es la mejor solución para las personas que se acercan al mundo del delito”, advierte.
Según entiende Juanche, la “inflación penal” o la “ampliación del Estado punitivo” en Uruguay es una política sostenida por lo menos desde la década de los 90.
“Todos los partidos han hecho uso de las modificaciones a las sanciones penales, del recorte de los beneficios penitenciarios, de la ampliación del elenco de conductas tipificadas como delito, de la ampliación de las penas. Todos. Entonces, lo que hay es un gran problema de desarmonía: delitos más graves penalizados de forma no tan severa y delitos menos graves con una mayor dosis de pena”, sostuvo la directora del INR.
La jerarca asegura que el país necesita imperiosamente una modificación de la normativa que fortalezca las medidas alternativas y repiense la preceptividad de la cárcel para delitos menores.
Con este objetivo, dice, a nivel de la presidencia de la República “se está trabajando” en varias modificaciones al Código Penal y al Código del Proceso Penal.
A la vez, existe en Uruguay una negociación entre los distintos partidos para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, entre otros cometidos, albergaría al INR, institución que desde inicio de la década de 1970, por razones asociadas al contexto político de la época, dependen de Interior.
UN ESTADO EXPUESTO
Mientras la reforma empieza, las condiciones extremas del sistema carcelario someten al Estado uruguayo a señalamientos permanentes de organizaciones internacionales y a un riesgo de demandas a raíz de violaciones a los derechos humanos.
“El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones por una cuestión de compromiso ético, no por el miedo a los juicios internacionales. Ahora bien, esto es un tema estructural, complejo, crítico, y es de larga data, y el Estado ya ha sido observado innúmeras veces por diversos órganos de control de los tratados; el Comité contra la Tortura, el Comité de Protección de los Derechos de la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, entre otros”, recordó Juanche.
La jerarca asume que los pedidos de hábeas corpus contra situaciones violatorias de los derechos humanos llegan “todos los días” al INR y que las demandas por situaciones “estructurales” también son usuales.
Y si bien no se han registrado demandas a nivel internacional, cree que es un riesgo latente.
“No conozco ninguna iniciativa relacionada con tribunales internacionales. Pero en términos hipotéticos, siempre es una posibilidad. Creo que hay niveles tan críticos en algunas partes del sistema que los riesgos de que sucedan cosas más trágicas de las que suceden, aún en términos de probabilidades, no se pueden negar”, sostuvo.
Según entiende, pueden ocurrir grandes tragedias en función de la “concentración de personas en condiciones tan precarias”, con pésimas instalaciones eléctricas, escaso acceso al agua potable y altos niveles de violencia intrapenitenciaria.
“La verdad es que no me lo había puesto a pensar (sobre la eventualidad de juicios internacionales), me quedo pensándolo ahora. Esperemos que las medidas que tomemos a corto y a mediano plazo nos permitan ir transitando paulatinamente hacia un sistema más respetuoso de los derechos humanos”, reflexionó. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/EjercitoUy
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