En pleno periodo vacacional, el diputado federal Rubén Moreira volvió a subir al Tren Maya, pero no encontró turistas ni viajeros, sino vagones prácticamente vacíos. Esta vez documentó dos trayectos: uno entre Calakmul y Escárcega, en Campeche; otro entre Bacalar y Chetumal, en Quintana Roo. ¿El resultado? La misma imagen que ya había compartido anteriormente: él y tres acompañantes como únicos pasajeros.
“Es una tristeza ver las pérdidas significativas de esa obra”, lamentó el legislador del PRI, quien sostiene que por cada peso que se cobra en boletaje, el Estado tiene que poner otros 25 para sostener el sistema. Y aunque reconoció que la atención del personal es buena, advirtió que eso no basta para sostener lo que calificó como una realidad insostenible.
Moreira asegura que los vagones iban a no más del 5 o 7 por ciento de su capacidad. Y aunque tras su primera denuncia el Gobierno reaccionó con justificaciones desde la conferencia matutina, lo que más le sorprendió —dice— fue que el propio director del proyecto no pudo informar con certeza ni siquiera el costo total de la obra.
Para exigir claridad, el diputado presentó un Punto de Acuerdo que busca que el general Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, acuda a una reunión de trabajo abierta, técnica y transparente ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. El objetivo es que rinda cuentas sobre la situación operativa y financiera del proyecto, así como sobre sus resultados en materia turística, ambiental y social.
En ese exhorto, Moreira recordó que el costo inicial estimado oscilaba entre 120 y 150 mil millones de pesos, pero hasta ahora la cifra oficial ronda los 544 mil millones. Y la relación entre ingresos y egresos no mejora: en 2024 el Tren Maya generó 275 millones de pesos en venta de boletos, pero gastó más de 2 mil 800 millones en operación. “El 99% de sus ingresos provienen del erario público”, subrayó.
También apuntó al impacto ambiental: tala de al menos 10 millones de árboles —una superficie similar a 1,423 veces el Zócalo capitalino—, desmonte ilegal en 87 por ciento de los terrenos intervenidos en 2023 y afectaciones a más de 100 cenotes por la instalación de pilotes.
El legislador cuestionó que, mientras millones de personas carecen de servicios esenciales como medicamentos, agua potable y drenaje, el Gobierno siga inyectando miles de millones a un tren que, en sus palabras, “no es autosostenible, no genera los empleos prometidos y cuesta más de lo que se necesita para resolver necesidades urgentes”.
“Sin reglas claras, sin esquemas de gobernanza transparentes y sin análisis técnicos independientes que respalden su viabilidad financiera, lo que alguna vez se presentó como una buena intención corre el riesgo de quedar como un monumento a la improvisación”, advirtió.
Moreira también pidió la comparecencia del Secretario de Turismo, para que explique cuál es el plan de promoción del Tren Maya, el estatus de los hoteles construidos en la ruta y el futuro de la aerolínea Mexicana de Aviación. Mientras tanto, el legislador ya ha hecho lo que pocos: subirse, grabar… y viajar prácticamente solo.
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