Ciudad de México.– Cuando un celular es hackeado, el daño no solo se limita a la pérdida de datos o a la invasión de la privacidad. En México, los usuarios de telefonía móvil enfrentan un problema adicional: seguir pagando por un servicio que ya no pueden utilizar. Para evitar este tipo de abusos, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La propuesta plantea modificar el artículo 92 Bis para establecer de forma explícita que, cuando un teléfono celular haya sido hackeado como consecuencia de actividades de ciberdelincuencia, las empresas de telefonía o plataformas digitales deberán suspender el cobro del servicio hasta que se restablezca su funcionamiento normal.
“El usuario, al percatarse que su celular ha sido hackeado, acude al Ministerio Público a realizar la denuncia correspondiente; sin embargo, mientras son realizadas las investigaciones, no puede hacer uso del servicio de telefonía celular, y la empresa continúa cobrando”, señala la legisladora.
La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y busca dejar claro que, si el servicio no puede prestarse por causas no imputables al consumidor —como lo sería el hackeo—, las compañías proveedoras no pueden seguir exigiendo el pago.
El documento también resalta la magnitud del problema en el país. “México es uno de los países más afectados por delitos cibernéticos en América Latina”, advierte Sánchez Juárez, al enumerar los fraudes electrónicos, el phishing, el ciberacoso, la clonación de tarjetas, la extorsión digital y el robo de identidad entre las prácticas más frecuentes.
Además, alertó sobre la facilidad con que los ciberdelincuentes utilizan redes móviles para cometer estos actos sin que las empresas cuenten con mecanismos eficaces de respuesta inmediata. Esta ausencia de reacción institucional agrava aún más la situación de los usuarios afectados.
La diputada sostiene que si bien la legislación actual contempla compensaciones por fallas en la prestación del servicio, es necesario especificar que también aplica cuando el servicio se interrumpe por un ataque cibernético. “No debe haber lugar a dudas de que el cobro por el servicio deberá también suspenderse a la par de éste”, puntualiza.
De aprobarse, la reforma significaría un avance en la defensa de los derechos digitales y un respaldo concreto para quienes enfrentan las consecuencias económicas de un delito que, hasta ahora, también castiga a las víctimas con facturas que no deberían existir.
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