La odisea entre millonarias cacerías, tribunales repletos y patinetas reglamentadas
Estados Unidos sube la apuesta. Ahora ofrece nada menos que 50 millones de dólares por información que conduzca a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Pam Bondi, fiscal general estadounidense, no dudó en señalarlo como capo mayor del narcoterrorismo, aliándose con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Nada menos que un cartel dentro del gobierno, según Washington. Por supuesto, Maduro no respondió a la acusación, como si no fuera parte de una larga telenovela que lleva años y que no termina de resolverse. ¿Será que alguien en la región tiene el billete para cantar? La pregunta queda en el aire mientras el Departamento del Tesoro americano califica a sus aliados de “terroristas”, y aquí seguimos esperando resultados contundentes. ¿Será este premio millonario el giro dramático que la historia necesita o solo otra página en el libro de acusaciones sin cierre?
Mientras tanto, en México, la Suprema Corte se ha convertido en el lugar favorito para quienes no lograron un cargo en la elección judicial. Ya son 65 juicios de inconformidad los que han llegado a la Corte, desde excandidatos hasta partidos políticos, todos buscando tumbar a los magistrados electos el 1 de junio. Sin embargo, la ley parece clara: solo los candidatos al cargo pueden impugnar los resultados. Pero, como en toda buena novela, parece que el capítulo de las inconformidades seguirá sumando episodios sin mucho avance, con la posibilidad de que la mayoría de estas demandas terminen desechadas. ¿Justicia o teatro jurídico? Al final, la Corte decide, y mientras tanto el público solo observa, preguntándose si la democracia mexicana tiene tiempo para estos enredos o si será mejor buscar nuevos protagonistas.
Y para cerrar con broche de oro, en la Ciudad de México los usuarios de scooters, bicicletas y motonetas eléctricas que superen los 25 kilómetros por hora están a punto de experimentar una revolución: tendrán que sacarse la licencia de conducir, usar casco y hasta registrar sus vehículos.
La Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso capitalino decidió, con seis votos a favor y ninguna oposición, que estos pequeños vehículos motorizados ahora serán tratados casi como motos. ¿Resultado? Adiós a circular por ciclovías o banquetas, y bienvenida la burocracia y el chaleco reflejante. Todo en nombre de la seguridad, claro. Porque nada dice “movilidad urbana” como un pequeño scooter atado a la normatividad y al papeleo. Al menos, el diputado responsable lo vende como un paso para reconocer y ordenar la micromovilidad eléctrica. El usuario promedio, sin embargo, probablemente solo vea el casco como otro accesorio obligatorio para pasear al perro.
