El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que, mientras el Gobierno Federal asegura que la pobreza ha disminuido, las carencias sociales en México, especialmente el acceso a los servicios de salud, se han incrementado de manera alarmante durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Durante su participación en el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, Moreira Valdez señaló que, aunque el ingreso promedio de las familias reporta un aumento del 16 por ciento, este crecimiento se debe principalmente a remesas y a programas sociales que ya estaban garantizados constitucionalmente por el PRI. Sin embargo, advirtió que la debilidad de las finanzas públicas pone en riesgo estos apoyos y puede derivar en la reducción de beneficios en salud, educación y seguridad social, afectando la calidad de vida de millones de mexicanos.
El legislador priista precisó que actualmente 44.5 millones de personas carecen de servicios médicos y 62.7 millones no cuentan con seguridad social, mientras que el gasto de bolsillo en salud ha aumentado más del 40 por ciento, con un promedio de 6 mil 400 pesos anuales. “Hoy seis de cada diez mexicanos su servicio médico lo tienen que ir a buscar al sector privado”, afirmó.
Los especialistas invitados al programa coincidieron en que el bienestar económico no puede evaluarse solo por el ingreso, sino también considerando las carencias sociales. Miguel Ángel Sulub subrayó que el INEGI reconoce que, además del ingreso, la pobreza incluye salud, educación, seguridad social, vivienda adecuada, servicios básicos y alimentación. Por su parte, Francisco Lezama señaló que los recortes y la eliminación de programas presupuestarios por cerca de 2.5 billones de pesos han afectado directamente a los servicios de salud, educación e infraestructura, mientras que parte del presupuesto se destinó a proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El economista Mario Di Costanzo agregó que, aunque 13.5 millones de personas han salido de la pobreza según el INEGI, 24.5 millones han perdido acceso a servicios de salud, evidenciando que el aumento en ingresos no se traduce necesariamente en mejor calidad de vida.
Moreira Valdez concluyó que los reportes oficiales generan dudas sobre la metodología utilizada para medir la pobreza y anunció que pedirá a la presidenta del INEGI comparecer ante la Cámara de Diputados para explicar las contradicciones en sus cifras y la evaluación de las carencias sociales.
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