Organizaciones ciudadanas, periodistas y activistas, con el acompañamiento de la ONU-DH México, pidieron a la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso de Nuevo León eliminar antes del 12 de noviembre los delitos contra el honor del Código Penal estatal, con el fin de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en la entidad.
Aunque estas figuras penales —difamación, injurias, calumnias y ultraje— fueron eliminadas a nivel federal en 2007 por prestarse a la persecución de voces críticas y fomentar la autocensura, Nuevo León y Yucatán mantienen todavía un marco legal que diversos organismos califican como violatorio de derechos humanos. La propuesta busca que los conflictos de este tipo se diriman en la vía civil, sin que la expresión de ideas pueda derivar en cárcel.
Durante una conferencia de prensa en yCo. Centro de Fortalecimiento, Georgina Morales, directora de Manifiesta tu Ciudadanía, presentó el colectivo Despenalizando la Palabra, que reúne a más de 20 organizaciones locales y nacionales con el propósito de transformar el marco legal y proteger a quienes informan, denuncian y participan en la vida pública.
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, señaló que con esta reforma se espera que las autoridades cumplan con lo dispuesto en el Artículo 1 Constitucional sobre el respeto y protección a los derechos humanos, además de brindar mayores garantías al ejercicio periodístico.
Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico, subrayó la necesidad de homologar el Código Penal de Nuevo León con el federal, pues recordó que los delitos contra el honor no solo afectan a periodistas y activistas, sino también a cualquier persona que podría enfrentar cárcel por un conflicto laboral, comercial o familiar.
Por su parte, Melva Frutos, coordinadora de la Red de Periodistas del Noreste, adelantó que el colectivo sostendrá una reunión con la Comisión de Justicia del Congreso local el martes 19 de agosto y un día después llevará a cabo el foro “Protección a la Libertad de Expresión” en el Tecnológico de Monterrey.
El movimiento cuenta con el respaldo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la participación de diversas organizaciones nacionales y regionales que se han sumado a esta exigencia.
