Con el objetivo de frenar la proliferación de procedimientos estéticos realizados en condiciones de riesgo, la diputada local del PRI, Gabriela Govea López, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León para sancionar con penas de dos a seis años de prisión a directores y administradores de centros médicos que permitan cirugías practicadas por personal sin certificación.
Acompañada por su compañera de bancada Armida Serrato y especialistas en otorrinolaringología, la legisladora señaló que además de sancionar a los responsables de las clínicas, se busca castigar a quienes ejerzan procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con un certificado vigente de especialista. “Nosotros estamos pidiendo que se aumente hasta más de seis años de cárcel a estos establecimientos que autorizan procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin los requisitos establecidos en la Ley General de Salud”, explicó.
Govea subrayó que actualmente el Código Penal no contempla sanciones contra los establecimientos, por lo que la reforma pretende cerrar ese vacío legal. “Es importante no quitarlos del radar a los establecimientos, a los médicos que se ostentan como especialistas y que no tienen una certificación vigente”, añadió.
La diputada también advirtió sobre el aumento de las llamadas “tandas estéticas”, mecanismos informales de financiamiento que ofrecen cirugías a bajo costo sin garantías de calidad ni seguridad médica. “Por tal motivo estoy pidiendo que se impongan sanciones a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”, puntualizó.
La propuesta legislativa plantea modificaciones a varios artículos del Código Penal estatal y se sustenta en cifras de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), que ha documentado que más del 52 por ciento de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personal sin la especialidad correspondiente, lo que representa un grave riesgo para los pacientes.
“El Grupo Legislativo del PRI reafirma su compromiso con la salud y la seguridad de las y los nuevoleoneses, cerrando el paso a prácticas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía”, afirmó Govea.
De manera paralela, la legisladora entregó un exhorto dirigido a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nuevo León, con el fin de que se vigile que los hospitales cumplan con la normatividad vigente, eviten cobros excesivos y prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.
