El Congreso del Estado de Nuevo León emitió un enérgico exhorto a las autoridades de Santa Catarina para que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas detenidas, especialmente cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, luego de denuncias de detenciones arbitrarias y trato degradante por parte de la policía municipal.
El punto de acuerdo, presentado por la diputada de Movimiento Ciudadano Marisol González Elías y respaldado por PRI, PAN, Movimiento Ciudadano e Independientes, evidenció graves irregularidades en la actuación policial. Durante su intervención, González Elías narró que el pasado 30 de agosto dos de sus colaboradoras fueron detenidas de manera brusca por diez elementos, sin recibir explicación alguna, y que una de ellas fue separada de su hijo de ocho años, cuyo paradero se desconoció por horas.
“Fueron lesionadas, tratadas de modo inhumano y sin que se les leyeran sus derechos. En las instalaciones de Seguridad Pública se les negó acceso a defensa, se alteró la hora de ingreso y se manipuló el Informe Policial Homologado como si fuera un simple trámite”, denunció la legisladora.
González Elías advirtió que la violación de derechos fundamentales desde el momento de la detención no solo degrada a la autoridad, sino que vuelve nulos todos los actos posteriores y profundiza la desconfianza ciudadana. “Cada minuto sin información es un vacío de Estado que produce miedo, deteriora la salud mental y revictimiza”, aseguró.
El Congreso exhorta al alcalde Jesús Nava Rivera, al Ayuntamiento, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Sistema Municipal DIF a implementar un plan integral de capacitación y recertificación para el personal operativo y de mando. Este plan debe asegurar trato digno y no discriminatorio, uso legítimo de la fuerza, registro y control de detenciones y la estricta aplicación del Protocolo Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia.
Además, el acuerdo exige homologar y publicar en versión ciudadana los protocolos y cartas de derechos, así como establecer mecanismos de supervisión externa, incluyendo auditorías de videograbaciones y revisión del Registro Nacional de Detenciones, bajo vigilancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El exhorto evidencia, según González Elías, que la policía de Santa Catarina ha operado sin respeto a la ley ni consideración por la infancia, dejando en evidencia “un vacío de Estado que no puede ni debe continuar”.
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