Drones y explosivos caseros: la nueva amenaza que exige respuesta inmediata
México enfrenta una nueva dimensión del crimen organizado, donde la tecnología y la violencia se entrelazan de manera inquietante. Los drones, antes vistos como herramientas recreativas o comerciales, se han convertido en vehículos de transporte de drogas y armas, y en algunos casos, en instrumentos para ataques dirigidos contra personas y bienes. Los grupos criminales aprovechan estos artefactos para evadir controles y realizar operaciones sigilosas, generando un riesgo directo para la población y complicando la labor de las autoridades.
La reciente propuesta del diputado Mario Alberto López Hernández busca endurecer las sanciones para quienes utilicen drones con fines ilícitos, así como para quienes fabriquen, importen o adapten estos equipos para transportar explosivos, narcóticos o armas.
“La normativa vigente no sanciona de manera eficiente y proporcional las conductas que ocasionan un daño o perjuicio de las personas o bienes que se causan con dichos sistemas”, señaló. La iniciativa contempla penas de hasta treinta años de prisión para quien arroje artefactos explosivos mediante aeronaves pilotadas a distancia, y hasta trece años para quienes adapten estos aparatos con fines ilícitos.
No se trata solo de drones. Desde 2020, los grupos criminales han incrementado el uso de artefactos explosivos improvisados (AEI), mejor conocidos como bombas caseras, cuya presencia se ha expandido a casi todo el territorio nacional. Según da a conocer el periódico El Sol de México, quien hace ver que durante 2024 y los primeros dos meses de 2025 se aseguraron más de tres mil 700 explosivos de este tipo, superando los registros de los dos años previos. Michoacán y Jalisco lideran los aseguramientos, aunque estados como Zacatecas, Chihuahua y Tamaulipas también han reportado incidentes significativos, incluidos ataques contra vehículos del gobierno y transeúntes.
El desafío es doble: por un lado, la evolución tecnológica facilita a los delincuentes transportar drogas, atacar rivales y amenazar a la ciudadanía; por otro, las autoridades deben desarrollar estrategias de vigilancia y control efectivas, capaces de responder a un enemigo que combina ingenio, tecnología y violencia. Ante este panorama, incrementar las penas y tipificar con claridad estos delitos no es un acto político, sino una medida de protección para la población y un paso necesario para fortalecer la seguridad nacional.
La realidad es clara: drones y explosivos caseros no son un problema del futuro, sino una amenaza presente. Mientras las plataformas digitales permiten la adquisición de equipos sofisticados y los grupos criminales perfeccionan sus métodos, la sociedad mexicana necesita respuestas inmediatas y contundentes, tanto en el ámbito legislativo como en el operativo. La vida de las personas y la estabilidad del país dependen de ello.
