La diputada independiente Rocío Montalvo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad con la que busca ampliar la representación de los usuarios en la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), organismo encargado de definir las políticas del transporte público en Nuevo León.
“La Junta del IMA toma decisiones que impactan directamente el bolsillo de millones de usuarios. Es inaceptable que en ese espacio haya solo 2 representantes de la gente frente a un mar de intereses gubernamentales y sectoriales”, reclamó la legisladora desde tribuna.
Actualmente, la Junta de Gobierno del IMA mantiene un desbalance a favor de funcionarios y sectores, mientras que la representación ciudadana ha sido mínima. Según denunció Montalvo, desde 2020 la ley obliga a incluir a representantes de la sociedad civil, pero los espacios han estado vacantes por más de 50 meses debido a la falta de voluntad del Congreso para completar los procesos de designación. “Mientras las voces ciudadanas no han estado presentes, se han aprobado tarifazos disfrazados de desliz mensual que golpean la economía familiar. Es una burla a la democracia participativa”, acusó.
La propuesta plantea modificar los artículos 27 y 50 de la Ley de Movilidad para aumentar de dos a cuatro los representantes de colectivos y organizaciones no gubernamentales, añadir dos más en representación directa de los usuarios mediante convocatoria pública y ampliar el periodo de estos cargos honoríficos de uno a tres años. Además, en caso de omisión del Congreso para emitir la convocatoria, los representantes salientes permanecerían en funciones hasta la designación de los nuevos.
“Esto no es un gesto simbólico, se trata de buscar equilibrar la balanza de poder dentro de la Junta. Si tienen 16 votos los funcionarios y sectores, que la ciudadanía tenga al menos 6 para poder deliberar de verdad”, sostuvo Montalvo.
La diputada advirtió que la crisis de movilidad en Nuevo León —donde las personas pierden en promedio más de dos horas diarias en traslados— exige soluciones con perspectiva ciudadana. “Las decisiones técnicas, sin la opinión desde la experiencia vivida de las y los usuarios, están condenadas al fracaso. Esta reforma es un paso necesario para construir un sistema de transporte que sirva al pueblo de Nuevo León, no a intereses ajenos”, dijo.
Finalmente, llamó a la Comisión de Movilidad del Congreso a dictaminar con urgencia la reforma. “La ciudadanía estará atenta. Ya no espera más diagnósticos ni simulaciones. Exige hechos. Es hora de que este Congreso se comporte como el aliado de la gente que debería ser y garantice su derecho a participar en las decisiones que más les afectan”, concluyó.
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