Cuando la autoridad se convierte en amenaza
Dos episodios distantes geográficamente pero unidos por un hilo común han puesto sobre la mesa el delicado equilibrio entre el derecho a la protesta y la respuesta del poder. En Santa Catarina, la reacción desproporcionada contra una marcha pacífica de ciudadanos, incluidos niños, que manifestaban contra el posible sacrificio de perros, ha levantado una ola de indignación. Según reportes ciudadanos, agentes municipales actuaron con fuerza excesiva, resultando varios detenidos. El alcalde Jesús Nava enfrenta acusaciones graves que, de comprobarse, podrían llevarlo no solo a dejar su puesto sino a enfrentar cargos criminales por maltrato animal.
Mientras esto ocurre en el ámbito local, desde Estados Unidos el presidente Donald Trump anuncia su intención de criminalizar la quema de banderas, considerándola una incitación a la violencia, a pesar de que la Corte Suprema de ese país ha protegido dicho acto como expresión amparada por la libertad de expresión.
Ambos casos, aunque distintos en contexto y escala, reflejan una tendencia preocupante: la facilidad con la que las autoridades pueden intentar restringir derechos fundamentales bajo argumentos de orden o seguridad. La ciudadanía tiene el legítimo derecho de manifestarse, de expresar su descontento y de exigir respuestas. Cuando este derecho es sofocado con violencia o con leyes restrictivas, se debilita la esencia misma de la democracia.
La libertad de expresión no es un lujo, sino una necesidad para la vigilancia cívica. Su defensa debe ser firme y constante, sin importar si se trata de proteger a animales o de cuestionar símbolos nacionales.
