Celulares en penales y políticos en el ojo del huracán: México, tierra de lo inesperado
Bueno, en este México todo puede pasar. Ayer circularon algunos datos tenebrosos, desde luego, alguien salió a desmentir de inmediato. Pero realmente, yo creo que si pudo ser de que ahora con la tan mentada Alerta Sísmica salió a relucir lo que todo mundo sabe, pero que la autoridad siempre sale a desmentir en razón de que las llamadas de extorsión siempre salen de los distintos penales del país. Es por ello, que tal cual se las paso porque así circuló. Recuerden, puede ser fake.
En Culiacán, 450 celulares decomisados; en Tehuacán, 35; San Miguel, 60; Santa Martha Acatitla, 80; Apodaca 1 y 2, 300 y 220 respectivamente; Cadereyta, 180; Hermosillo, 75; Ciudad Juárez, 200; Cuernavaca, 50; Veracruz, 40; Tlalnepantla, 150; Mérida, 100; Guadalajara, 165. Total: 2,105 celulares asegurados.
Por lo que parecía un simple simulacro terminó evidenciando cómo operan redes enteras de comunicación ilegal dentro de las prisiones. Ahora según esto las autoridades intensificarán los operativos para incautar y neutralizar los dispositivos que representan un riesgo de seguridad nacional.
Por si esto no fuera poco, la diputada del PAN María Elena Pérez-Jaén presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político para el desafuero del senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política.
La legisladora explicó: “El juicio político consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso federal, a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. Quiero reiterar que esta demanda la estoy presentando como ciudadana, cualquiera puede venir aquí y presentarla también”.
La solicitud surge luego de la captura de Hernán N en Paraguay y su traslado al penal federal del Altiplano, Estado de México. Según las investigaciones, Hernán N encabezaba la organización delictiva La Barredora, originada en cuerpos policiales de Tabasco y dedicada a extorsión, cobro de piso y robo de combustibles.
La diputada afirmó que López Hernández incurrió en actos u omisiones que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
