La diputada Gabriela Jiménez Godoy presentó su propuesta de Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar, un marco legal que busca unir esfuerzos del Estado y la iniciativa privada para detonar proyectos de infraestructura que prioricen el impacto social sobre la rentabilidad inmediata. Durante el foro de análisis de esta iniciativa, la legisladora de Morena subrayó que el objetivo es cerrar brechas en salud, educación, vivienda, agua potable y conectividad. “Cuando hablamos de inversiones mixtas para el bienestar no nos limitamos a cuestiones financieras, nos referimos, sobre todo, a cerrar las brechas sociales que tanto lastiman a nuestro país”, expresó.
Jiménez Godoy destacó que la ley propone la participación de Afores y capital privado bajo condiciones de certeza jurídica, así como órganos colegiados que garanticen transparencia, paridad y rendición de cuentas. “Queremos una arquitectura institucional sencilla, evitando la creación de burocracia innecesaria, pero asegurando reglas claras y firmes”, señaló, al insistir en que la infraestructura debe transformar la vida cotidiana de las y los mexicanos.
El diputado Edén Garcés Medina celebró que la propuesta contemple un portafolio de proyectos para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la implementación del Plan México. “El propósito principal es promover la atracción de inversiones, la generación de empleos de calidad, la modernización de la infraestructura y el impulso al desarrollo tecnológico, todos de suma importancia para el país”, afirmó.
En el mismo sentido, la diputada Clara Cárdenas Galván enfatizó que esta ley “no empieza de cero, retoma lo aprendido en experiencias anteriores, pero blindando los errores del pasado para que cada peso invertido tenga un propósito social, con transparencia y cuentas claras para generar confianza”. Recordó que la infraestructura es más que cemento y acero: “es la oportunidad de transformar vida, es el puente que conecta a una comunidad aislada, es la escuela que abre futuro a la niñez, es el hospital que da esperanza”.
Gisselle Moran Jiménez, directora general de Real Estate Media Group, calificó la iniciativa como un proyecto de gran relevancia para el futuro económico de México, capaz de fortalecer la colaboración público-privada y garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo. “Podrá convertirse en la base de políticas que impulsen la competitividad, la innovación y la confianza en México como destino de inversión”, expresó.
Adolfo González Olhovich, presidente del Comité de Financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, señaló que para cubrir las necesidades de infraestructura del país se requieren alrededor de 20 billones de pesos. “Este año se gastaron cerca de 0.6 billones y para el siguiente se prevén cerca de 0.9, por lo que es primordial promover la inversión mixta del sector público y privado”, explicó, al destacar que la propuesta de ley aborda gobernanza, transparencia, competencia económica, prevención de lavado de dinero y financiamiento.
Especialistas, empresarios y académicos coincidieron en que este marco legal representa una oportunidad para detonar la economía nacional, garantizar servicios de calidad y construir un desarrollo equitativo que ponga al centro a las personas.
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