El Congreso del Estado aprobó un exhorto presentado por la diputada Grecia Benavides Flores, de Morena, con el fin de garantizar que el derecho a la libre manifestación sea respetado y que ninguna autoridad utilice la vía penal para intimidar o reprimir a la ciudadanía.
Desde tribuna, Benavides recordó que la iniciativa surge tras hechos recientes en la entidad, donde un joven manifestante fue detenido y judicializado por protestar contra el aumento del transporte público. “Manifestarse es un derecho y no lo puede reprimir ningún gobierno. Hoy lo decimos con toda claridad: la protesta social no es un crimen, es un derecho”, subrayó.
La legisladora destacó que este debate coincide con el aniversario de la masacre de Tlatelolco y advirtió sobre los riesgos de repetir patrones de represión del pasado. “Cuando un Estado calla a sus jóvenes y a su pueblo y reprime la inconformidad social, se condena al silencio. Protestar pacíficamente no es un delito; es un derecho que fortalece la democracia”, señaló.
El exhorto aprobado insta al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Justicia a garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos y abstenerse de criminalizar la protesta social. Benavides enfatizó que escuchar y atender las demandas ciudadanas no es una concesión, sino una obligación de todo gobierno democrático.
Al concluir su intervención, la diputada afirmó que la aprobación del dictamen coloca al Congreso “del lado correcto de la historia, junto a quienes protestan pacíficamente para defender lo que es justo”. Con esta resolución, el Legislativo envía un mensaje claro: en Nuevo León, la protesta social debe ser respetada como un pilar de la democracia y nunca perseguida como un crimen.
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