Entre parques y paridad: la fragilidad de las decisiones públicas en Nuevo León
La controversia que rodea al zoológico La Pastora y el veto del gobernador Samuel García a la reforma de paridad de género revela un patrón inquietante de prioridades en la gestión pública. Por que mientras la ciudadanía exige protección para la osa Mina y el terreno que debería ser un santuario de conservación, se percibe que los intereses inmobiliarios y políticos se entrelazan con la administración estatal, poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como la confianza en las instituciones.
Rocío Montalvo Adame subraya que el maltrato de Mina es apenas la punta del iceberg. “El maltrato a la osita trajo de nueva cuenta al debate público una red de prácticas cuestionables y puso en evidencia el incumplimiento de las normas de trato digno a los animales.
Este caso emblemático va más allá, porque revela que hay intereses comerciales que continúan acechando el terreno que por derecho debe ser para la conservación, no para convertirlo en un proyecto inmobiliario más”, afirma la legisladora. Sus palabras reflejan la frustración de quienes ven cómo un parque urbano, patrimonio natural de Monterrey, podría ser relegado al olvido frente a la especulación y la presión política.
La propuesta de reclasificación del parque como Parque Natural Estatal no es un capricho, sino un intento de blindaje legal que garantice su preservación frente a la ambición de actores que priorizan el beneficio económico por encima del cuidado ambiental.
Simultáneamente, la paridad de género se ha convertido en otra arena de tensiones, donde la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres parece subyugada a intereses políticos personales. Las acusaciones sobre la posible intención del gobernador de favorecer una futura candidatura de su esposa Mariana Rodríguez Cantú amplifican la percepción de que la normativa electoral se maneja con criterios estratégicos más que con principios de justicia.
Diversos legisladores advierten que el veto al Acuerdo 116 no solo aplaza la paridad hasta 2030, sino que podría configurarse como un intento de moldear el escenario político a conveniencia de un proyecto familiar.
“Algunos legisladores del PAN han señalado directamente que el veto al acuerdo se debe al interés del gobernador de que solo mujeres compitan por la gubernatura en 2027, con la intención de imponer a su esposa como candidata”, señalan los críticos, evidenciando un trasfondo de oportunismo político que distrae de los debates genuinos sobre igualdad y derechos ciudadanos. Aun cuando el gobernador defiende la medida como un avance para las mujeres, la controversia demuestra lo fácil que puede ser cuestionar la integridad de las decisiones públicas cuando existe la percepción de un beneficio privado o personal.
Por lo pronto, ayer mismo se presentaron observaciones al Acuerdo 116 del Congreso local, al considerar que el documento aprobado representa un retroceso en materia de derechos políticos de las mujeres y podría generar inconsistencias con el proceso nacional de reforma electoral actualmente en curso.
Las observaciones fueron realizadas con fundamento en el artículo 125, fracción X, de la Constitución estatal, que faculta al Ejecutivo a emitir comentarios sobre leyes o disposiciones del Congreso dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.
El Ejecutivo estatal advirtió que el acuerdo legislativo aplaza la plena aplicación de la paridad de género hasta el proceso electoral de 2030, lo cual —sostuvo— vulnera el principio de progresividad reconocido en la Constitución Federal y retrasa el avance de las mujeres en los espacios de representación política.
Además, el Gobierno encabezado por Samuel García subrayó la necesidad de que cualquier reforma local tome en cuenta el proceso nacional encabezado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, instalada el pasado 4 de agosto, con el propósito de evitar contradicciones normativas y garantizar la armonización con los parámetros que se discuten a nivel federal.
