Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El dictamen obtuvo 338 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención, marcando un paso clave hacia la modernización del sistema aduanero del país.
La propuesta busca fortalecer los controles digitales, elevar la competitividad y cerrar espacios a la evasión y elusión fiscal. Entre los cambios más relevantes destaca que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada tres. Además, se crea el Consejo Aduanero, encabezado por la Secretaría de Hacienda, encargado de otorgar, suspender o cancelar dichas patentes, así como resolver sobre las agencias aduanales y sus prórrogas.
El dictamen también contempla un procedimiento simplificado para las empresas de mensajería y paquetería que operan en el despacho aduanero. A la par, endurece las sanciones a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades de retorno al extranjero.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) verán ajustadas sus facultades, al tiempo que podrán celebrar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La reforma actualiza además el Régimen de Depósito Fiscal y amplía el alcance del Recinto Fiscalizado Estratégico dentro de los programas de diferimiento de aranceles.
Otro punto relevante establece que las empresas a las que se les haya cancelado el registro en el Esquema de Certificación (OEA) deberán esperar cinco años para volver a solicitarlo; si la cancelación derivó de un delito fiscal, perderán esa posibilidad de forma definitiva.
La reforma también adecua denominaciones institucionales —como el cambio de Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado— e implementa medidas de simplificación administrativa relacionadas con el abandono de mercancías, pedimentos electrónicos y revisión en origen.
En el régimen transitorio, se precisa que las patentes y autorizaciones otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto conservarán una vigencia de veinte años, con opción de prórroga si cumplen con los requisitos establecidos por el SAT.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), informó que se presentaron diversas propuestas de modificación a múltiples artículos del proyecto, que serán discutidas en lo particular.
