En una acción sin precedente, productores agrícolas de veinte estados del país detuvieron sus actividades durante tres días para exigir un alto al abandono del campo mexicano y demandar precios justos para los granos básicos, especialmente el maíz blanco. El movimiento, encabezado por agricultores y campesinos de entidades como Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Estado de México, denuncia la falta de apoyos institucionales, financiamiento y programas de asistencia técnica por parte del gobierno federal.
Los manifestantes aseguran que en los últimos siete años la política agropecuaria ha dejado al sector productor “a su suerte”, mientras México pierde autosuficiencia en maíz, arroz y trigo, y las importaciones —muchas de ellas de origen transgénico— se multiplican. “El pueblo necesita forzosamente cantidades crecientes de alimentos”, reclamaron los dirigentes del movimiento, al señalar que la dependencia del extranjero pone en riesgo la soberanía alimentaria.
El malestar también tiene raíces económicas: la eliminación de subsidios, el recorte presupuestal al sector primario y la falta de precios de garantía adecuados han reducido la rentabilidad del campo. La sequía, el alto costo del diésel y el impacto de la violencia en regiones productoras como Sonora, Jalisco, Veracruz, Chihuahua y Durango agravan la situación, obligando a muchos campesinos a rentar o abandonar sus tierras.
Mientras los agricultores de Estados Unidos, Brasil y Ucrania reciben créditos y subsidios para mantenerse competitivos, los productores mexicanos trabajan con pérdidas. Datos recientes indican que en la última década la producción nacional de maíz cayó 4%, mientras las importaciones aumentaron 78.4%, generando un déficit promedio de más de tres mil pesos por hectárea.
Los inconformes exigen que el precio del maíz blanco se eleve a 7,200 pesos por tonelada —muy por encima de los cinco mil que hoy se pagan— y advierten que el esquema del T-MEC y la dependencia de la Bolsa de Chicago ponen en desventaja al agro nacional frente a la volatilidad del mercado estadounidense.
A la crisis económica se suma el deterioro de la infraestructura rural. Gran parte de la producción depende de maquinaria costosa y de combustibles cada vez más caros, mientras la tracción animal prácticamente ha desaparecido del paisaje agrícola mexicano. “Son muy pocas las yuntas de caballos, mulas o burros; parece que están en proceso de extinción”, lamentan los campesinos.
Los productores sostienen que no habrá diálogo previo mientras no existan respuestas concretas. Aunque las autoridades estatales y federales buscan acuerdos para liberar vías y garantizar la seguridad, el movimiento podría extenderse si no se atienden sus demandas.
El mensaje desde el campo es contundente: se requiere un debate nacional que devuelva dignidad a la agricultura mexicana, revise los compromisos del T-MEC y construya políticas públicas que fortalezcan la producción nacional de alimentos. Porque sin campo, advierten, no hay país posible.
Por: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
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