La diputada independiente Rocío Montalvo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Defensoría Pública y asegurar que las personas con discapacidad puedan contar con defensa legal gratuita, eliminando la prohibición de “doble representación” que actualmente les impide ser asistidas cuando son la contraparte en un proceso judicial.
“En pleno 2025 las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras legales para acceder a la justicia. Cuando acuden a la Defensoría Pública y descubren que no pueden ser representados por ser la contraparte, corren el riesgo de quedar completamente indefensos. Esto es discriminación institucionalizada y una violación a sus derechos humanos”, señaló Montalvo.
La legisladora explicó que, debido a la precariedad económica que enfrentan, la representación legal privada muchas veces no es una opción. “Las personas con discapacidad ganan en promedio 34% menos que el resto de la población y enfrentan gastos extraordinarios en terapias, medicamentos y dispositivos de asistencia. Para ellas, la Defensoría Pública no es una opción, es muchas veces la única vía para acceder a la justicia”, indicó.
La reforma propuesta modifica el Artículo 39 de la Ley de Defensoría Pública, eliminando la restricción que impide al Instituto representar a ambas partes cuando una pertenece a este grupo vulnerable, alineando así la legislación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2007.
“Colectivos de personas con discapacidad han denunciado cómo se les cierran las puertas de la Defensoría Pública por este tecnicismo legal. Esta reforma busca corregir una injusticia histórica”, afirmó Montalvo, quien recordó que el 33.8% de las personas con discapacidad reportan haber sufrido discriminación, frente al 23.7% de la población general.
La diputada concluyó con un llamado urgente a los grupos legislativos: “La justicia no puede ser un lujo para quienes pueden pagarla. Exhorto a aprobar esta iniciativa a la brevedad, para respetar la dignidad y devolver el acceso a la justicia a miles de personas que hoy están en situación de vulnerabilidad. No podemos fallarles”.
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