La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que abroga la legislación publicada el 14 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. El dictamen, impulsado por Morena y sus aliados, fue presentado como una actualización necesaria para fortalecer la soberanía y modernizar la estructura naval del país, aunque para la oposición representa un paso más hacia la militarización de funciones civiles.
De acuerdo con los legisladores que la respaldaron, la Marina es una institución que protege más de 11 mil kilómetros de litoral tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, con funciones claves en la defensa de instalaciones estratégicas como aduanas y aeropuertos, así como en el combate a delitos de alto impacto y auxilio a la población.
La nueva ley redefine la organización interna de la Armada, sustituyendo el Estado Mayor General por la Jefatura de Operaciones Navales, y otorga nuevas atribuciones en la formulación de políticas de defensa exterior y en la elaboración de la Política Nacional de Defensa Marítima. También se crean unidades navales de soporte estratégico para la ciberdefensa e inteligencia artificial, mientras se reestructuran los mandos navales y se busca consolidar a México como una potencia marítima moderna y responsable.
Desde Morena, Rosalinda Savala Díaz aseguró que el dictamen “fortalece la autoridad de la Secretaría de Marina y fija la misión de la Armada de México, enfocándose en la protección de los intereses marítimos”. En su opinión, “esta iniciativa fue pensada en las y los mexicanos al ocuparse en la defensa de la soberanía nacional, el combate de los actos ilícitos y la protección de los intereses marítimos nacionales”.
Francisco Javier Sánchez Cervantes, también de Morena, sostuvo que la reforma “redefine la organización de las fuerzas navales, regiones, zonas y sectores navales, lo cual es indispensable para operar eficaz, adecuada y oportunamente”. Añadió que sustituye la figura del Estado Mayor por la nueva Jefatura de Operaciones Navales y promueve la igualdad sustantiva.
Por su parte, Bruno Blancas Mercado destacó que “la nueva Ley Orgánica de la Armada de México no solo actualiza la estructura y funcionamiento de una de las instituciones más nobles del país, sino que representa una transformación ética y doctrinaria del poder naval de la Federación. No es una simple actualización jurídica, es un acto de visión de Estado. Hoy la Armada se fortalece con bases jurídicas sólidas”.
Luis Armando Díaz, del PT, consideró que esta ley es “vital porque redefine a la Armada para los desafíos del siglo XXI. Hoy se aprueba una reforma que reconoce la verdadera Armada de México, que es su gente, e implementa una perspectiva garantista. Aprobemos esta ley que no es otra cosa más que poner a México a la vanguardia a nivel mundial”.
En la misma línea, el diputado Zenyazen Roberto Escobar García, de Morena, rechazó que el dictamen militarice la vida civil o invada competencias de otras autoridades. “Por el contrario, reafirma el papel constitucional de la Armada dentro del marco legal vigente, garantizando la defensa de la seguridad y la soberanía del Estado mexicano. Es un proyecto legislativo que no solo organiza y mejora nuestra Armada, sino refuerza la presencia de México en los mares, puertos y espacios estratégicos”.
Sin embargo, la oposición se mostró firme en su rechazo. Julia Licet Jiménez Angulo, del PAN, advirtió que el proyecto amplía el poder de las Fuerzas Armadas en áreas que deben ser responsabilidad de las autoridades civiles. “Esta nueva ley no fortalece a la Armada, la desnaturaliza. No fortalece al Estado, lo debilita. Seguiremos defendiendo la patria, el orden constitucional, la libertad, la democracia, los derechos humanos y el carácter civil de nuestra República”.
En el mismo sentido, la diputada Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, señaló que “el Congreso no puede seguir normalizando la sustitución del Estado civil por un Estado militarizado. La seguridad pública debe seguir siendo una función civil, no militar. Reconocemos y respetamos profundamente a la Marina Armada de México, pero no acompañaremos esta iniciativa que profundiza la militarización de funciones que deben permanecer en manos civiles”.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del PAN, advirtió que el proyecto “elimina toda referencia respecto de los derechos humanos cuando la Marina actúe en tareas civiles y al mismo tiempo crea unidades de ciberdefensa e inteligencia artificial sin contrapesos ni supervisión civil. Esto da como resultado más poder, menos control; más discrecionalidad, menos rendición de cuentas”.
Graciela Ortiz González, del PRI, acusó que el dictamen “en lugar de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, institucionaliza la discrecionalidad y crea un marco legal que blinda la opacidad”, señalando que “bajo la supervisión de mandos navales se han documentado robos fiscales por más de 600 mil millones de pesos por contrabando de hidrocarburos y, aun así, queremos darles más atribuciones y más facultades”.
También desde el PRI, Miguel Alejandro Alonso Reyes advirtió: “No se puede permitir que, bajo la bandera de modernización, se justifique la militarización de la vida pública, el debilitamiento del control civil y la preocupante omisión al respeto y la protección de los derechos humanos. Decimos sí a una Armada moderna, sí a una Armada fuerte e inteligente, pero no a una reforma que vulnera derechos, sobrecarga funciones y distorsiona la esencia de una institución que debe seguir siendo orgullo de México”.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, se sumó a las críticas al señalar que con la nueva ley “se dan mayores atribuciones sin ningún control, sin ningún contrapeso, y se otorgan los estímulos para violar los derechos humanos que hoy más que nunca han ido regresando al antepasado, quitándoles los derechos fundamentales a los mexicanos. En lugar de ir progresivamente, vamos regresivamente. Acción Nacional votará en contra de esta regresiva ley”.
En contraste, Alejandro Pérez Cuéllar, del PVEM, defendió la iniciativa al argumentar que “el nuevo ordenamiento no solo moderniza el marco jurídico, sino que armoniza sus atribuciones con las tareas que el Estado mexicano le ha encomendado para garantizar el mantenimiento del Estado de derecho, el cumplimiento de las leyes nacionales y la observancia de los instrumentos jurídicos internacionales. Nuestra Armada es un eslabón fundamental en la defensa de la soberanía nacional, en la protección de nuestras costas y mares”.
La discusión en San Lázaro dejó claro que la tensión entre el mando civil y el militar sigue siendo uno de los temas más sensibles en la agenda nacional. Mientras la mayoría oficialista celebró una Armada “moderna y fortalecida”, las voces críticas advirtieron que el país avanza hacia un modelo donde los uniformes ocupan espacios que antes correspondían a las instituciones civiles.
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