La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la ley que reforma la Armada de México responde a intereses de control político y no a la profesionalización militar. Ariana Rejón, Graciela Ortiz y Alonso Reyes señalaron que la norma fue impulsada desde Palacio Nacional y no por los propios marinos.
“La Armada de México es una institución histórica, noble y valiente, una armada que está para cuidar al pueblo, no para servir a los intereses de Morena. Por eso nos duele tanto lo que este gobierno le está haciendo”, expresó Rejón Lara desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro.
El dictamen crea una Jefatura de Operaciones Navales que será nombrada directamente por la Presidenta, concentrando el mando estratégico sin contrapesos institucionales y dejando a la institución en riesgo de subordinación política. Los legisladores denunciaron que la ley permite designar mandos sin evaluación técnica, definir políticas sin límites claros y autorizar operaciones en ciberespacio sin regulación.
“Con esta ley la Armada de México deja de responder a la Constitución y pasa a responder a un partido: Morena”, advirtieron. El PRI subrayó que defenderá la autonomía y el honor de las Fuerzas Armadas y reiteró que la institución merece una ley construida con su participación, no sobre ella.
Ortiz afirmó que la reforma profundiza la militarización de las funciones civiles del Estado, vulnera los derechos humanos, pone en riesgo la transparencia y rompe el equilibrio entre poderes. Reconoció que la Armada ha sido un orgullo nacional, con mujeres y hombres que han defendido la soberanía, la seguridad marítima y la protección de las costas ante amenazas como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y huachicol fiscal.
Los legisladores aseguraron que la reforma también valida decretos y reglamentos que han permitido la participación de la Armada en tareas civiles, como la administración de aduanas, donde se han documentado casos de corrupción y contrabando fiscal por más de 600 mil millones de pesos.
Miguel Alonso resaltó que el PRI no puede permitir que bajo la bandera de modernización se justifique la militarización de la vida pública. “Rechazamos una ley que borra los contrapesos, omite el respeto a los derechos humanos y distorsiona la esencia de una institución que debe seguir siendo orgullo nacional”, dijo.
Durante los últimos siete años, indicaron, a la Armada se le han asignado tareas fuera de su diseño original, incluyendo administración de puertos y aeropuertos, construcción de ingeniería civil, megaproyectos fallidos y seguridad pública. La reforma elimina la obligación de respetar estrictamente los derechos humanos, incorpora a la Guardia Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas y crea nuevas estructuras sin claridad presupuestaria, poniendo en riesgo el sistema republicano.
Los diputados del PRI reiteraron su compromiso con la seguridad nacional, la democracia y las libertades civiles, y alertaron que la militarización observada podría replicar escenarios autoritarios como los de otros países, incluyendo Venezuela.
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