
Para fortalecer la protección de las personas frente al creciente número de casos de robo o falsificación de identidad, la diputada panista Myrna Grimaldo Iracheta presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el propósito de establecer cinco agravantes al delito de suplantación de identidad.
La propuesta, ingresada este jueves en la Oficialía de Partes del Congreso local, busca adicionar el artículo 444 Bis, que detalla cinco fracciones específicas para sancionar distintas modalidades del delito.
Entre ellas, se contemplan casos cometidos mediante el uso de medios electrónicos o telemáticos con manipulación de datos para obtener lucro indebido o causar daño patrimonial; la posesión o transferencia de datos personales con fines ilícitos; la apropiación o uso de la identidad de una persona física o moral por internet o sistemas informáticos; el consentimiento otorgado a terceros para suplantar una identidad con fines ilegales; y la utilización de homonimia, parecido físico o similitud de voz para causar perjuicio o beneficio indebido.
“Hoy ya existe este artículo que es el 444, sin embargo, es muy ambiguo y deja muchos incidentes sin poderse calificar una vez que el juzgador atiende el tema. Por eso presentamos el 444 Bis, donde se precisan puntualmente los casos en los que se da la suplantación. Con la Inteligencia Artificial han aumentado muchísimo los casos; tan solo en 2024 se reportaron más de cuatro millones en Nuevo León”, explicó Grimaldo Iracheta.
Actualmente, la suplantación de identidad se castiga con penas de tres a ocho años de prisión y multas de entre mil y dos mil cuotas, equivalentes a montos que van de 113 mil a 226 mil pesos. Este delito fue tipificado en Nuevo León en 2013, y en 2019 se endurecieron las sanciones cuando el responsable se aprovecha de un cargo público o de su profesión.
De acuerdo con datos del Banco de México, el país registra un crecimiento del 52 por ciento en los casos de robo de identidad, con 4.4 millones de reclamaciones ante instituciones bancarias, lo que coloca a México en el octavo lugar a nivel mundial en incidencia de este tipo de delitos.
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