Carlos Morales
Montevideo (Mesa Américas).- A cuatro años del asesinato del presidente Jovenel Moïse (1968-2021), su caso sigue estancado en Haití, donde una corte de apelaciones invalidó la acusación inicial contra 51 presuntos implicados y designó a un nuevo juez investigador.
En una audiencia pública celebrada el pasado 13 de octubre, el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe anuló la orden dictada en febrero de 2024 por el juez de instrucción Walter Wesser Voltaire, alegando irregularidades procesales y evidencias de dudosa credibilidad.
A su vez, la pesquisa fue puesta en manos del magistrado Denis Cyprien, sexto juez a cargo del proceso, tras Mathieu Chanlatte, Gary Orélien, Chavannes Étienne, Merlan Belabre y el mencionado Wesser Voltaire: algunos renunciaron, a otros los destituyeron, pero todos fueron presionados.
Además, el tribunal solicitó asistencia judicial a EEUU y Canadá para interrogar a acusados que residían en el extranjero, entre ellos la viuda del mandatario, Martine Moïse, su hija Jomalie, el exdirector de la Policía Nacional de Haití (PNH), Léon Charles, y el exprimer ministro Ariel Henry.
Por último, la corte pidió que fueran investigados los flujos financieros entre bancos de Haití y de República Dominicana del 6 de junio al 7 de julio de 2021, fecha del magnicidio, para la posible congelación de activos y la incautación de documentos clave del caso.
MAGNICIDIO EN PÉLERIN
Poco después de la medianoche del 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos y estadounidenses de origen haitiano irrumpió, haciéndose pasar por agentes de la Fuerza Anti-Narcóticos de EEUU (DEA, siglas en inglés), en la residencia de Möise en el barrio de Pèlerin.
Sorprendido en su cuarto, el mandatario fue acribillado y su esposa resultó herida: los forenses confirmaron al menos 12 impactos de bala en el cuerpo del gobernante, quien venía lidiando con meses de protestas populares reclamando su salida del poder.
La Policía abatió ese mismo día a cuatro sospechosos de participar en el asesinato y detuvo a dos más. Más tarde fueron capturadas 28 personas por su participación en un crimen planeado entre República Dominicana y la ciudad estadounidense de Miami, según trascendió posteriormente.
COMPLOT INTERNACIONAL
Ciudadanos de varias nacionalidades (haitianos, estadounidenses, colombianos, venezolanos, ecuatorianos y canadienses) han sido identificados en el complot para matar a Möise, incluidas personas vinculadas al DEA y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés).
Las autoridades federales de Miami imputaron a 11 personas en 2022 por cargos de conspiración, con cinco sentencias de cadena perpetua por roles en logística, armas y ejecución, y una de nueve años por exportación de equipo táctico.
Pese a su fluidez, dicha causa fue pospuesta en septiembre pasado a marzo de 2026, debido a disputas sobre evidencias clasificadas y acceso a testigos en Haití, donde el proceso ha sido caótico debido a un volátil coctel de factores.
Entre ellos destacan el sistema judicial en ruinas, el creciente control de las pandillas sobre Puerto Príncipe, las sucesivas apelaciones de la defensa, la muerte de sospechosos clave, como la jueza Windelle Coq Thélot, y la renuencia de figuras como Martine Moïse a regresar al país, por miedo.
BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Pese a todo, parecía que la imputación de 51 personas en 2024 encausaría el asunto, pero igual dicha medida fue criticada por contradicciones, omisiones en la cadena de mando y su enfoque en ejecutores menores, sin identificar plenamente a los autores intelectuales.
Sobrevino entonces una apelación, que derivó en la reciente sentencia del tribunal capitalino para reiniciar el proceso y reexaminar pruebas, interrogar testigos, reconstruir la cadena de mando y localizar evidencias cruciales, como el teléfono personal de Möise.
Por lo pronto, más de 40 sospechosos siguen detenidos, incluyendo los exmilitares colombianos y varios expolicías haitianos, mientras se hace un borrón y cuenta nueva para una investigación cuyo fin no se vislumbra en un futuro cercano, ni parece que sea una prioridad para la nación. (Sputnik)
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