El alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, firmó un convenio de colaboración con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, encabezado por el magistrado Mario Treviño Martínez y la consejera presidenta de INFONL, Brenda Lizeth González Lara, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El acuerdo permitirá reforzar los mecanismos de control y confianza de los servidores públicos, impulsar políticas de fiscalización y desarrollar programas de capacitación y actualización tanto para funcionarios como para proveedores.
Durante la ceremonia, el alcalde subrayó que combatir la corrupción sigue siendo uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad y reafirmó su compromiso de actuar con transparencia. “Refrendamos nuestro compromiso con la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, y con la fiscalización y control del uso de los recursos públicos. La honestidad y la rendición de cuentas no son opcionales, son principios rectores de nuestro servicio público”, expresó.
El magistrado Mario Treviño Martínez reconoció la disposición del municipio para integrarse activamente a las estrategias del Sistema Estatal de Información y la Plataforma Digital Estatal, herramientas que permiten detectar riesgos de corrupción. “Su disposición demuestra que el combate a la corrupción no es sólo una obligación legal, sino un acto de responsabilidad moral y de compromiso con la comunidad”, destacó.
Por su parte, Brenda Lizeth González Lara señaló que un municipio fortalecido en materia de combate a la corrupción genera mayor confianza ciudadana y contribuye a construir instituciones más sólidas.
En la firma del convenio participaron además el contralor municipal Francisco Javier Almaguer Tamez, funcionarios, síndicos, regidores e integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción. Con este acuerdo, Santiago busca consolidarse como un referente en la aplicación de políticas públicas basadas en la integridad y la rendición de cuentas.
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