Con el propósito de frenar la devastación forestal en el país, el diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, propuso una reforma que aumenta significativamente las sanciones penales contra quienes realicen tala ilegal o afecten áreas naturales sin autorización.
La iniciativa plantea modificar el Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para castigar con penas de uno a veinte años de prisión —en lugar de los actuales seis meses a nueve años— y multas que podrían llegar a veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las sanciones aplicarían a quienes desmonten, talen o destruyan vegetación en selvas, bosques, áreas verdes o de donación, sin contar con permisos legales.
La propuesta también incluye sanciones para quienes alteren o falsifiquen documentos relacionados con el aprovechamiento forestal, o bien excedan el volumen o superficie autorizada. En caso de que los delitos se cometan dentro de Áreas Naturales Protegidas o afecten especies en riesgo o endémicas, las penas se incrementarían hasta en una mitad, además de hacer obligatoria la reparación del daño ambiental.
El proyecto contempla la creación de un Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas, administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Quien dañe, desmonte o construya ilícitamente dentro de estos espacios podría recibir de dos a diez años de prisión y multas de hasta veinte mil días, además de estar obligado a restaurar el área afectada con especies nativas y quedar inhabilitado hasta por una década para participar en actividades forestales o de comercio de madera.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también tendría nuevas facultades para presentar denuncias penales inmediatas ante el Ministerio Público Federal cuando detecte actos de tala ilegal, sin necesidad de agotar procedimientos administrativos previos.
En la exposición de motivos, González Naveda señala que la tala ilegal opera mediante mecanismos como el “blanqueo” de permisos falsos o alterados y la complicidad de autoridades locales y ejidales que justifican desmontes a cambio de sobornos. También advierte que la PROFEPA carece de capacidad para judicializar los casos, ya que muchos delitos se reducen a simples faltas administrativas y los responsables suelen ser liberados en menos de tres días.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen.
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