
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue criticada por la diputada Mónica Sandoval, quien señaló que, aunque otorga un marco de actuación al Estado, carece de propuestas concretas para evitar la colusión de autoridades con delincuentes y puede poner en riesgo a las víctimas.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, Sandoval enfatizó que la legislación actual no incluye mecanismos claros para proteger los datos personales ni garantías para impedir que funcionarios filtren información de quienes denuncian extorsiones, un problema que ha sido documentado en múltiples ocasiones.
La legisladora subrayó que la seguridad no puede limitarse a reclamaciones sobre el pasado, sino que requiere acciones efectivas. Los recientes datos del INEGI sobre percepción de inseguridad reflejan la magnitud de la preocupación ciudadana y la normalización de la criminalidad, especialmente en casos de extorsión.
Sandoval también reconoció la incorporación de una de sus iniciativas al dictamen, desarrollada en coordinación con la diputada Ana González, aunque lamentó que otras propuestas importantes no hayan sido consideradas. Para el Grupo Parlamentario del PRI, garantizar la seguridad de la población sigue siendo una prioridad, y la propuesta de ley presentada por la diputada busca ofrecer herramientas efectivas para proteger a la comunidad y fortalecer la acción del Estado frente a este delito.
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