El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, encendió la discusión en San Lázaro al acusar que la nueva propuesta de reforma constitucional sobre revocación de mandato busca colocar a la Presidenta de la República en la boleta de las elecciones intermedias, una jugada que, dijo, “va en contra de la democracia mexicana”.
Moreira explicó que las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales recibieron el citatorio para discutir y votar el proyecto que modifica el artículo 35 y adelanta la consulta al mismo año de los comicios federales. Según dijo, el planteamiento pretende empatar la revocación con la elección de diputadas y diputados, así como con las de los estados que renuevan gubernaturas, alcaldías, congresos locales e incluso cargos del Poder Judicial Federal y de los tribunales estatales.
En ese esquema, advirtió, ocurrirían dos efectos inmediatos: “que en la elección vaya también la revocación y, por lo tanto, la Presidenta de la República podrá hacer campaña para no ser ‘revocada’, porque esto lo van a armar para entrar a las campañas”, y que las candidaturas de Morena “se van a colgar de ella en la campaña constitucional”.
Moreira recordó que la figura de revocación es una herramienta ciudadana y que el proceso exige reunir al menos el tres por ciento de firmas en 17 entidades un año antes de su realización, lo que implicaría activar la consulta el próximo año. Pero el diputado fue más allá al advertir que, al tratarse de una reforma constitucional, cualquier exceso “va a volver constitucional todas las violaciones que se quieran hacer”.
Aseguró que aun con leyes secundarias, el nombre de la titular del Ejecutivo aparecería en la boleta, lo que, afirmó, generará una “distorsión” en la competencia electoral. Calificó como “falaz” el argumento de que la reforma busca ahorrar recursos y sugirió que la iniciativa del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar responde al “miedo a perder la mayoría” o a que la Presidenta “pudiera perder la intermedia, y con ello se blinda”.
El debate queda abierto en una Cámara donde cada movimiento en materia electoral detona sospechas, y donde la oposición insiste en que el fondo del proyecto no es fortalecer la participación ciudadana, sino mover el tablero a favor del oficialismo.
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