El Gobierno de Nuevo León puso en marcha un nuevo mecanismo para hacer frente al abandono económico de niñas, niños y adolescentes: el Registro Estatal de Deudores de Alimentos. La publicación del decreto, encabezada por el gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, marca el inicio de una serie de medidas que buscan terminar con décadas de omisiones en materia de protección familiar.
Durante el anuncio realizado en Palacio de Gobierno, García afirmó que la Administración estatal ha enfocado sus esfuerzos en respaldar a las mujeres y en garantizar que la responsabilidad parental deje de ser un concepto vacío. En un mensaje directo, aseguró que quienes evadan sus obligaciones dejarán de gozar de indulgencias sociales. “Vamos a dar todo por las mujeres, les va a salir muy caro ser irresponsables”, señaló al recalcar que el abandono de hijos ya no tendrá cabida en la entidad. Recordó que el Estado actuará sin contemplaciones: “Cooperas, sales de la lista, pero si no cooperas y a juicio de una Magistrada, de un Juez o del DIF sigues huyendo, te olvidas del Estado, el Estado te da la espalda”.
Rodríguez explicó que la creación del registro representa un respaldo directo a las madres y, sobre todo, a la infancia, al visibilizar una forma de violencia normalizada durante años. “En Nuevo León ya no vamos a permitir que el abandono sea invisible. No se trata de castigar, sino de cuidar”, dijo al recalcar que la paternidad implica un compromiso de todos los días. Agregó que la propuesta busca sentar bases duraderas para que niñas, niños y adolescentes crezcan con la certeza de que sus derechos no dependen de la voluntad de quien debe cumplirlos. “Con esta acción estamos construyendo un futuro en donde las niñas, niños y adolescentes crezcan sabiendo que tienen derechos y que estos derechos se respetan”, sostuvo.
El decreto implica que quienes aparezcan en el Registro Estatal de Deudores de Alimentos enfrentarán diversas restricciones que se mantendrán activas hasta que regularicen sus adeudos, entre ellas la imposibilidad de obtener documentos, acceder a cargos públicos o participar en procesos civiles. Rodríguez advirtió que cualquier persona o funcionario que intente proteger a un deudor alimentario será sancionada, con lo que el Gobierno estatal busca evitar redes de complicidad.
Las medidas se enmarcan en un esquema más amplio que incluye registros estatales de agresores sexuales y violentadores familiares, así como la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que impide que agresores o deudores ocupen posiciones de autoridad. La reforma penal para sancionar a quienes simulan ingresos con tal de evadir la pensión complementa este esfuerzo.
La secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, subrayó la esencia de la política pública al recordar que la obligación alimentaria va más allá de la comida diaria: implica vivienda, salud, educación, transporte y recreación. “Todo derecho es correlativo de una obligación y que la obligación alimentaria es la obligación principal de los padres hacia los hijos”, dijo al enfatizar que privar a un menor de este derecho afecta de manera directa su desarrollo y su dignidad.
El decreto fue firmado también por el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; la directora general del DIF Nuevo León, Gloria Bazán; y el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar.
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