En el marco del Mes de la Concientización sobre la Diabetes, la diputada federal del PRI, Ana González González, presentó ante el Congreso de Nuevo León dos iniciativas orientadas a fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1, un padecimiento que —subrayó— ha sido históricamente invisibilizado.
La legisladora acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para entregar los proyectos de decreto que plantean reformas a la Ley Estatal de Salud y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo central es reconocer el acceso a la insulina como un derecho y avanzar en la educación terapéutica, además de crear un registro estatal que permita conocer con precisión cuántos menores viven con esta condición. “Lo que buscamos es que en Nuevo León las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la insulina como un derecho”, afirmó. Recordó que la diabetes tipo 1 no depende de hábitos o estilos de vida, sino de factores autoinmunes, y que quienes la padecen requieren insulina para sobrevivir.
González señaló que ha insistido en esta agenda desde 2022, primero como diputada local y ahora como integrante y secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. “En 2021 logramos que se reconociera la diabetes tipo 1 en la Ley de Salud del Estado, pero todavía falta mucho. No existe un registro oficial de cuántos niños hay con esta condición, y sin datos no se puede mejorar la atención”, advirtió.
La primera iniciativa propone modificar los artículos 8, 9 y 44 BIS de la Ley Estatal de Salud para establecer el derecho a la insulina, sujeto a disponibilidad presupuestal, y crear el Registro de Personas con Diabetes del Estado de Nuevo León, instrumento que permitiría concentrar información actualizada y confiable.
La segunda iniciativa plantea adicionar una fracción XXI al artículo 60 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con la finalidad de asegurar atención multidisciplinaria a quienes han sido diagnosticados con diabetes tipo 1. Esto implicaría garantizar insulina, educación terapéutica para pacientes y cuidadores, y una partida presupuestal específica destinada al tratamiento integral.
González sostuvo que avanzar en estas reformas es indispensable para que los menores reciban acompañamiento adecuado y para que el Estado asuma plenamente su responsabilidad en la protección de su salud.
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