La diputada Xitlalic Ceja García exigió al Gobierno Federal una respuesta inmediata y eficaz ante la creciente crisis de inseguridad en Michoacán, acentuada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Acompañada por integrantes de su bancada y por el diputado local Guillermo Valencia Reyes, la legisladora sostuvo que la entidad no enfrenta este deterioro por decisiones del pasado, sino por la incapacidad del actual gobierno. Señaló que, mientras se reparten culpas, la violencia se ha triplicado y los alcaldes gobiernan bajo miedo, en medio de extorsiones, cobros de piso y balaceras.
En su intervención, Valencia recordó que administraciones anteriores aplicaron estrategias específicas —como el Operativo Conjunto Michoacán y el Plan Michoacán—, mientras que el anuncio reciente del Gobierno Federal no contempla recursos extraordinarios ni medidas tangibles para atender la crisis. Afirmó que el asesinato de Manzo es resultado de la indiferencia de las autoridades, a quienes se les pidió en repetidas ocasiones intervenir. Apuntó además que el operativo encargado de proteger al alcalde falló, pues los 14 elementos de la Guardia Nacional no estaban preparados para brindar la seguridad necesaria.
El diputado lamentó que el edil haya tenido que perder la vida para atraer atención federal, luego de que invitara insistentemente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a acudir a Uruapan. Criticó que la mandataria haya ignorado los llamados y recordó que Manzo es ya el séptimo alcalde asesinado en la entidad.
Valencia cuestionó que el aparato del Estado se concentre en el manejo de imagen tras el crimen, en vez de resolver los problemas de fondo. Pidió a García Harfuch iniciar el llamado “Plan Michoacán” deteniendo a los responsables de los asesinatos de Hipólito Mora y Bernardo Bravo. Asimismo, demandó que no se descarte una posible motivación política en el homicidio del alcalde, al considerar que se trató de una ejecución extrajudicial destinada a ocultar a los verdaderos autores intelectuales.
La exigencia común fue clara: el gobierno debe actuar de inmediato y con seriedad para enfrentar una violencia que, según los legisladores, ha sido ignorada por demasiado tiempo.
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