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Piden diálogo con Sedena tras receso de defensas rurales

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El anuncio del receso de los 26 cuerpos de defensas rurales encendió alertas en San Lázaro y motivó un llamado directo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los diputados del PAN Asael Hernández Cerón y José Alfonso Rubalcava Jiménez manifestaron su respaldo a quienes integran estas agrupaciones y solicitaron que la Sedena mantenga una ruta de diálogo antes de avanzar en cualquier decisión que afecte su permanencia.

Rubalcava Jiménez recordó en conferencia de prensa el origen histórico de las guardias rurales y la relevancia que han tenido desde su creación. Señaló que “se instituyeron en 1861 con Benito Juárez, se hizo toda la estructura orgánica y es bien importante esta institución, ha participado en la defensa de la patria en muchas ocasiones”. Añadió que estas guardias “han evolucionado de manera muy importante” y que están integradas por “campesinos, ejidatarios y todos son voluntarios muy solidarios y valientes”.

Hernández Cerón, quien funge como secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, afirmó que continuarán atentos a escuchar a las comunidades. Dijo que “estaremos atentos a escuchar siempre a los ciudadanos, sobre todo, a hermanos y paisanos de las comunidades y pueblos indígenas”, y subrayó la importancia de que cada integrante pueda expresar su preocupación en un momento que calificó como crítico para el país. Propuso mantener el diálogo institucional con la Sedena para revisar la situación de las defensas rurales y reconocer su aporte histórico a la seguridad y al tejido social de regiones apartadas.

En la misma conferencia, Jonathan Israel Calvillo, integrante de un cuerpo rural, advirtió sobre el riesgo de retirar a estas agrupaciones. Aseguró que son “el componente territorial y comunitario de la estrategia de seguridad básica de las comunidades alejadas de nuestro país” y alertó que su retiro “crearía un inminente vacío que actores adversos no dudarían en explotar”. Recalcó que “un país que permite que la lealtad de sus servidores sea desechada (…) es erradicar un activo estratégico intangible, pero fundamental para la confianza del Estado”.

Gustavo Hernández López, representante de la comunidad mixteca, pidió que las comunidades rurales sean tomadas en cuenta en las decisiones. Expresó: “Solicitamos de la manera más atenta y respetuosa velen y protejan nuestros derechos a la protección seguridad en el campo salvaguardando nuestros recursos naturales zonas arqueológicas, ríos, lagos, selvas, montes, y ejidos”. Recordó que las defensas rurales sirven “desde los lugares más recónditos y alejados del territorio nacional haciéndolo de forma voluntaria y sin generar gasto alguno al erario de nuestra nación”.

Pedro Alejandro Villanueva, integrante de la defensa rural de Quintana Roo, subrayó que los rurales “somos una unidad del ejército mexicano (…) del glorioso ejército mexicano, que tenemos, reitero una ocasión más, una respetable antigüedad”. Aclaró que no buscan beneficios políticos: “no pretendemos ningún tinte político, y mucho menos ningún tinte partidista”, sino continuar trabajando por el país y su gente.

También recordó la participación de estas agrupaciones en el Plan DN-III y en tareas de apoyo social. “Nosotros conocemos la brecha de nuestras comunidades, nosotros conocemos los caminos, las mismas comunidades nos conocen a nosotros”.

Juan Valera Domínguez, proveniente de Aguascalientes, explicó que los cuerpos rurales realizan “recorridos de vigilancia y disuasión del delito” y que también llevan a cabo labores sociales asignadas por su dirección. Enfatizó que son “ojos, somos oídos, y somos personas que estamos adiestradas y podemos, de momento en lo que llegue el apoyo, estar realizando la defensa del patrimonio de quien vive cerca de nosotros en nuestras comunidades”.

Los representantes concluyeron que la desaparición temporal de las defensas rurales no solo afectaría la seguridad local, sino que dejaría sin respaldo a una estructura comunitaria que ha operado por décadas. El llamado a la Sedena apunta a evitar que la decisión avance sin una valoración completa de sus consecuencias.