Una propuesta legislativa busca cerrar la puerta a uno de los problemas más dolorosos para quienes enfrentan el cáncer: la interrupción del tratamiento por falta de medicamentos o capacidad institucional. La diputada Claudia Quiñones Garrido planteó crear un nuevo Capítulo III Bis 1 en la Ley General de Salud con el objetivo de asegurar que toda persona diagnosticada reciba atención continua, acceso a medicamentos oncológicos y seguimiento clínico sin demoras.
La iniciativa establece que si una institución pública del Sistema Nacional de Salud no puede garantizar el tratamiento dentro de los 21 días naturales posteriores al diagnóstico, deberá autorizarlo y cubrirlo en instituciones privadas acreditadas. Con ello, la Secretaría de Salud deberá formalizar convenios con prestadores privados, contemplando un tabulador tarifario regulado, estándares de calidad, mecanismos de seguimiento clínico y verificación del cumplimiento terapéutico.
El proyecto, turnado a la Comisión de Salud, también señala que la Secretaría de Salud trabajará en coordinación con el Instituto Nacional de Cancerología y otras autoridades para vincularse con el Registro Nacional de Cáncer, con el fin de asegurar trazabilidad, control y seguimiento de los tratamientos.
La legisladora sostiene que la reforma busca garantizar el derecho a la salud, reconocido internacionalmente como un derecho humano fundamental, donde “toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica, entre otros aspectos, el acceso oportuno a servicios médicos eficaces”. Añade que la Organización Mundial de la Salud ha subrayado que los Estados deben tomar medidas inmediatas para asegurar el acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento, especialmente porque cada semana de retraso disminuye de manera considerable las probabilidades de supervivencia.
Desde esta perspectiva, explica que el cáncer requiere ser tratado como un asunto prioritario por su peso epidemiológico, económico y social, bajo un enfoque de equidad y justicia en salud. En su argumento, afirma que “es indispensable implementar medidas costo-efectivas y urgentes que garanticen el acceso, diagnóstico y tratamiento oportunos, así como activar la capacidad del sector privado como apoyo subsidiario inmediato ante las fallas del sistema público”.
La diputada también expone que, aunque el cáncer de mama es la principal causa de muerte por esta enfermedad en el país, solo tres por ciento de las mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología comenzó tratamiento en menos de tres meses, mientras que 63 por ciento lo inició después de seis meses del diagnóstico. A esto se suma la carga financiera: al sistema público le cuesta en promedio 729 mil 670 pesos anuales tratar a un paciente con cáncer, cifra que bajaría a 195 mil pesos si el padecimiento fuera detectado tempranamente, además de que aumentaría 57 por ciento la probabilidad de éxito del tratamiento.
De aprobarse la propuesta, asegura Quiñones Garrido, se lograría salvar vidas, reducir costos a largo plazo y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud para toda la población.
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