La diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame impulsó en el Congreso local una reforma para cerrar el vacío legal que, desde hace años, permite opacidad en la asignación de plazas docentes en Nuevo León. Su propuesta modifica la Ley que crea la Unidad de Integración Educativa del estado (UIENL), con el fin de obligar a la publicación periódica y detallada de todas las vacantes que administra este organismo.
La legisladora explicó que la UIENL, como ente público que gestiona los recursos humanos y materiales del sistema educativo, está obligada por la Constitución y por la legislación estatal de transparencia a garantizar máxima publicidad. Sin embargo, la falta de una disposición directa en la ley ha permitido que la asignación de lugares docentes se realice sin información clara y oportuna, propiciando prácticas como el nepotismo, el amiguismo y el tráfico de influencias.
“Es inaceptable que una entidad que maneja el futuro y bienestar de los maestros y maestras de Nuevo León opere así las asignaciones de vacantes, casi en las sombras. El gremio magisterial ha denunciado que falta una obligación directa en la ley para borrar esta opacidad que puede dar lugar a la asignación discrecional”, señaló la coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo.
Montalvo destacó que la UIENL no presenta informes públicos sobre las plazas surgidas por defunciones, jubilaciones, laudos judiciales o nuevas creaciones, lo que abre la puerta a simulaciones y a decisiones discrecionales. “No se puede presumir de avances en la educación si la realidad es que el acceso a un empleo docente sigue siendo a través de la palanca y el compadrazgo, no del mérito”, advirtió.
La propuesta reforma los artículos Noveno y Décimo Segundo y agrega un Décimo Quinto a la ley vigente para obligar a la publicación trimestral de todas las vacantes, acompañadas de información completa: causa del origen de la plaza, tipo de nombramiento, nivel educativo, función o asignatura, número de horas y sede.
Para la diputada, estas medidas permitirán eliminar de raíz la discrecionalidad y asegurar condiciones justas para miles de aspirantes. “La asignación de plazas no es un favor del gobierno hacia los maestros, es su derecho. Que la Unidad de Integración Educativa tenga que publicar toda la información favorecerá la transparencia y beneficiará a los maestros”, afirmó.
De ser aprobado el decreto, las autoridades contarán con 30 días para ajustar sus reglamentos y garantizar el cumplimiento de la nueva obligación de transparencia.
eitmedia.mx
