Durante la comparecencia por la glosa del cuarto informe, el Frente PRI-PAN convirtió la jornada en una revisión minuciosa de las áreas más cuestionadas del gabinete estatal. Agua y Drenaje, Medio Ambiente y la Secretaría Regional fueron el centro de un escrutinio que dejó ver la profunda desconfianza legislativa hacia los recientes nombramientos del Ejecutivo.
El coordinador panista abrió la crítica con un reclamo directo al nuevo titular de Agua y Drenaje, recordándole que el financiamiento aprobado el año pasado —2,180 millones para concluir Monterrey V, rehabilitar plantas tratadoras y renovar tuberías— no ha rendido frutos. De ahí que la solicitud de otro paquete de más de dos mil millones para 2026 resultara injustificable. “¿Cómo piden más recursos si no cumplieron con lo que ya se autorizó?”, lanzó durante su intervención.
Los legisladores acusaron además que, mientras los nuevos funcionarios apenas se integran, algunos de los anteriores continúan cobrando, incluso con mejores percepciones, lo que consideraron una simulación que no ha corregido los rezagos más urgentes del sistema hídrico.
La oposición insistió en que, antes de hablar de más deuda, el gobierno debe ejercer de manera correcta el presupuesto 2025 —que en la práctica se aplicará hasta 2026— y demostrar avances tangibles en zonas donde la crisis de abastecimiento es persistente, como Escobedo, Santa Catarina y García. También pidieron atender los drenajes colapsados en distintas colonias, cuya lista fue entregada a los funcionarios para que los municipios puedan justificar cualquier apoyo futuro.
El Frente endureció el discurso al señalar que el Ejecutivo cambió de interlocutores solo para justificar nuevas solicitudes financieras, afirmando que “si no quisieran deuda, seguiría el mismo titular”. Esta lectura, dijeron, refleja un patrón que ha acompañado otras obras del gobernador, especialmente sus proyectos emblemáticos y los que quiere presumir rumbo al Mundial.
Los cuestionamientos se extendieron al manejo de los impuestos verdes. Aunque el acuerdo político original contemplaba reforzar torres de monitoreo ambiental y avanzar en la verificación vehicular gratuita, los diputados señalaron que esos recursos se han orientado a objetivos ajenos a la mejora de la calidad del aire. “Lo están gastando en proyectos que nada tienen que ver con lo acordado”, señalaron, al advertir que ahora todo deberá quedar escrito en ley para evitar desvíos.
También acusaron que los cobros por conexión al agua en zonas rurales siguen fuera de control, con tarifas que alcanzan hasta 150 mil pesos por vivienda. Recordaron que existía un tope discutido en el consejo, pero aún sin aplicación plena.
Sobre las obras del Metro, la oposición recordó que con 30 mil millones aprobados se prometió concluir tres líneas, pero ahora el gobierno pretende elevar el costo a 40 mil millones cuando todavía adeuda 22 mil. Esto, dijeron, anticipa nuevas solicitudes para 2027. “¿De qué se trata?”, cuestionaron, asegurando que se está inflando una cadena de deuda sin resultados.
Pese a la tensión, los legisladores señalaron que este año existe más comunicación con el Ejecutivo, lo que abre una puerta —aunque estrecha— a un acuerdo cuando se entregue el presupuesto. Por ahora, afirmaron, no hay elementos suficientes para respaldar más deuda. Seguirán solicitando información antes de definir una postura.
“Lo que presenten será determinante, pero hoy estamos muy lejos de una decisión”, fue el mensaje final.
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