Legítima defensa con perspectiva de género: una reforma necesaria… pero no exenta de riesgos
Algo inquieta —y con razón— en la propuesta que Movimiento Ciudadano presentó en Nuevo León junto con la Secretaría de las Mujeres. No porque el tema no lo amerite, sino porque una reforma de este tamaño exige más que entusiasmo político: requiere paneles, evidencia, discusión técnica y una revisión quirúrgica de sus implicaciones. No es cosa menor plantear que una mujer que lesione o incluso prive de la vida a su agresor no enfrente prisión preventiva ni sea vinculada a proceso. La realidad es mucho más compleja que un eslogan legislativo.
La iniciativa, ingresada ante la Oficialía de Partes del Congreso, busca modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su intención central es clara: evitar que víctimas de agresiones sean criminalizadas al defenderse en situaciones que ponen en riesgo su vida o su integridad. El planteamiento no surge de una ocurrencia, sino de un diagnóstico doloroso y repetido: mujeres encarceladas por haberse defendido en circunstancias extremas.
Graciela Buchanan Ortega, secretaria de las Mujeres, sostiene que estos casos deben juzgarse con perspectiva de género. Y tiene razón cuando apunta que muchas mujeres terminan privadas de la libertad después de repeler agresiones que, en no pocos expedientes, llevaban años documentándose. La funcionaria explica que la reforma pretende dejar constancia de que, cuando una mujer actúa para salvar su vida o la de su familia, no puede hablarse de excesos en la legítima defensa. Desde esa lógica, la propuesta abona un enfoque pro-víctima y una presunción reforzada en favor de quienes ya vivían un entorno de violencia previa.
Buchanan recuerda que hay mujeres en prisión por el simple hecho de haber sobrevivido. Mujeres que fueron juzgadas sin perspectiva de género, sometidas a un sistema que suele pedirles pruebas imposibles en circunstancias donde la prioridad fue seguir con vida. Su argumento es contundente: no se puede tratar igual a quien se defiende que a quien agrede.
A la iniciativa se sumó la diputada Melisa Peña, quien subrayó que no puede juzgarse de la misma forma a quienes actúan en legítima defensa y a quienes lo hacen con dolo. Ese es, en esencia, el corazón del planteamiento.
Pero aquí aparece el punto delicado: ¿cómo garantizar que la presunción a favor de la mujer víctima no se convierta en una puerta abierta a interpretaciones peligrosas? ¿Qué mecanismos se establecerán para diferenciar con claridad los casos de defensa legítima de los que no lo son? ¿Cómo evitar que una legislación bien intencionada termine generando vacíos que puedan ser explotados?
El debate no es sobre si proteger a las mujeres —eso es innegociable— sino sobre cómo legislar sin crear zonas grises que, lejos de ayudar, terminen desordenando un sistema penal que ya opera al límite. El desafío es enorme y no se resuelve en una rueda de prensa ni con la aprobación apresurada de un dictamen.
La propuesta merece análisis profundo, acompañamiento de expertos, revisión de casos, criterios judiciales y estándares internacionales. No porque se dude de las víctimas, sino porque cualquier reforma penal debe sustentarse con la máxima responsabilidad. La defensa propia no puede convertirse en sentencia anticipada, pero tampoco en un terreno sin reglas.
La intención es buena. El reto es que también lo sea el resultado. Sé que Graciela Buchanan Ortega ha sido una de las mejores mujeres con las que ha contado Nuevo León , como Magistrada. Ojalá que está iniciativa no sólo quede en papel y se lleven a cabo verdaderos estudios y paneles al respecto. Porque nadie merece estar preso y más aún cuando se fue agredido (a) mejor dicho.
