El diputado priista Héctor Morales Rivera pidió revisar a fondo el proceso mediante el cual la Red Estatal de Autopistas impulsa la construcción y operación de la autopista interserrana en el sur de Nuevo León, al asegurar que la invitación emitida para establecer un esquema de colaboración público-privada carece de sustento legal y de los estudios necesarios.
En tribuna, el legislador subrayó que la obra es clave para el crecimiento de la región, pero advirtió que el mecanismo planteado para su financiamiento y ejecución no cumple con los criterios mínimos de planeación pública. Según su exposición, la convocatoria no cuenta con un marco jurídico aplicable, además de que se lanzó sin lineamientos normativos ni controles administrativos suficientes. “No existe un marco jurídico aplicable que sustente la emisión de la invitación publicada por la REA, se está convocando a un proceso sin estudios previos, sin lineamientos normativos y sin controles administrativos suficientes”, señaló.
Morales Rivera sostuvo que las facultades de la Red Estatal de Autopistas no le permiten conducir por sí misma procesos de contratación con asociaciones público-privadas al margen de lo previsto en la ley. “Las atribuciones de la REA no habilitan al organismo para diseñar o conducir por sí mismo procesos fuera del marco de la Ley para la celebración de contratos con asociaciones público-privadas”, afirmó.
El diputado también cuestionó que la invitación obligue a los inversionistas a elaborar los estudios técnicos y financieros a su propio costo, pese a que estos análisis deberían ser responsabilidad de la autoridad para determinar si la obra es viable o no. “El proceso inicia sin un diagnóstico integral, se delega a los particulares la realización de estudios indispensables para determinar la viabilidad y los riesgos de la obra, lo cual es contrario a cualquier práctica seria de planeación pública”, añadió.
Además, señaló que los tiempos establecidos para aceptar la invitación y entregar propuestas resultan insuficientes, pues se otorgan únicamente ocho días para manifestar interés y menos de tres semanas para presentar estudios técnicos, financieros y ambientales, así como el modelo completo de financiamiento y operación del proyecto. “Son plazos notoriamente reducidos e irrazonables; con fechas así se compromete una competencia efectiva y se pone en riesgo la transparencia de una obra estratégica para el Estado”, expresó.
Morales Rivera reiteró que la construcción de la autopista debe continuar, pero bajo un proceso transparente y con pleno respeto a la ley.
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