El debate por el nuevo marco legal del agua avanzó entre tensiones en la Cámara de Diputados, donde la mayoría oficialista aprobó en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, propuestas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La discusión inició bajo el reclamo directo del sector campesino, que desde temprano se manifestó afuera del recinto, pero terminó con una votación contundente: 328 votos a favor, 130 en contra y cinco abstenciones.
La presión del campo se concentró en un punto: la herencia, transmisión y certeza de las concesiones hídricas para uso agropecuario y ganadero. Morena y sus aliados hicieron ajustes antes de llegar al pleno y añadieron una precisión clave en el artículo 49, para establecer que cuando una tierra con título de concesión cambie de propietario, los derechos sobre el uso de agua permanecerán vigentes. Esa modificación se convirtió en el eje del debate tras semanas de advertencias y desacuerdos.
Aún con los cambios, el PRI y el PAN mantuvieron su rechazo. Rubén Moreira afirmó que el oficialismo está engañando a la gente porque, acusó, la prohibición para heredar concesiones sigue presente. Elías Lixa calificó la reforma como un intento de centralizar y controlar el recurso más importante del país. Ambos adelantaron su voto en contra desde antes del debate.
La jornada avanzó con acusaciones cruzadas y con la mayoría morenista moviendo el orden del día para votar la reforma el mismo miércoles, una maniobra que generó molestia en la oposición y retrasó el arranque de la discusión. Ya en tribuna, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Elizabeth Cervantes de la Cruz, defendió el dictamen destacando que el nuevo esquema dará certeza jurídica, ordenará el sistema de concesiones y pondrá fin al abuso y la sobreexplotación. Aseguró que el nuevo propietario de una tierra vinculada a una concesión no perderá derechos y subrayó que el consumo humano y la seguridad alimentaria serán prioridad. También recordó que la ley contempla sanciones por delitos hídricos y prohíbe concesionar cauces o vasos para la disposición final de residuos mineros. Recalcó que el agua deja de ser una mercancía y un botín político y económico.
Las cifras de Conagua presentadas en días previos alimentaron la postura oficialista: más de 58 mil concesiones agrícolas tienen irregularidades que van desde falsificación hasta ubicaciones erróneas, incluso con asignaciones cuya localización apunta a países como Tailandia. Morena insistió en que estas distorsiones deben corregirse con un ordenamiento profundo.
A la par de la discusión en el pleno, Ricardo Monreal aseguró en conferencia que ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios no corren riesgo. Sostuvo que el objetivo es frenar a quienes concentran grandes cantidades de agua y se benefician del mercado de permisos y concesiones. Dijo que no habrá tolerancia para la venta de títulos ni para quienes usan el recurso de forma distinta a lo permitido.
En tribuna, el morenista Gabriel García aprovechó el debate para señalar a figuras públicas como Vicente Fox y César Duarte, acusándolos de acumular grandes volúmenes de concesiones. El intercambio de acusaciones, pancartas y consignas marcó varias horas del debate, mientras la oposición denunciaba afectaciones al campo y el oficialismo defendía la iniciativa presidencial.
La sesión se extenderá durante la madrugada, cuando se discutirán más de quinientas reservas presentadas por más de ciento cincuenta legisladores. Monreal anticipó que la mayoría buscará incorporar dieciocho modificaciones adicionales, entre ellas una precisión al artículo 22, que mantiene la prohibición de transmitir concesiones hídricas y es uno de los puntos más polémicos del proyecto.
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