El Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, con 85 votos a favor y 36 en contra. La minuta, enviada horas antes por la Cámara de Diputados, forma parte de la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Federal para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, además de priorizar su uso doméstico y de consumo personal frente a permisos y concesiones.
Durante la discusión, legisladores de diversas bancadas expusieron sus posturas. El senador Óscar Cantón Zetina afirmó que esta legislación coloca a la persona en el centro y no a los grandes acaparadores del recurso. Destacó que busca construir un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, eliminando la visión mercantilista del agua para devolverla “a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.
En contraste, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, sostuvo que esta reforma abre la puerta a la manipulación política y electoral, pues permite al Gobierno Federal decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión y quién la pierde. Consideró que el proyecto representa un riesgo para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, defendió la reforma al señalar que consolida una visión en la que el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social. Aseguró que el modelo propuesto es más justo, transparente y sostenible, y garantiza el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, advirtió que el dictamen carece de estudios económicos y presupuestales, así como de análisis de impacto financiero. Señaló también que no se contemplan inversiones para infraestructura ni vigilancia de los sistemas de agua y que no hubo consulta a pueblos originarios, por lo que, dijo, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
Por parte del PT, Lizeth Sánchez García destacó que la nueva legislación otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, con derechos y obligaciones definidas. Subrayó que agiliza la transmisión de derechos en herencias y compraventas, protege el patrimonio de familias campesinas, reconoce el uso agropecuario familiar y distingue entre pequeños productores y grandes agroindustriales.
Finalmente, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que los cambios incrementan el control gubernamental sin contrapesos, generan más trámites y elevan la incertidumbre para el campo. Advirtió riesgos de arbitrariedad, corrupción y favoritismos al concentrar atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, lo que podría desincentivar inversiones y frenar proyectos.
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