En el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra la producción y difusión de contenidos sexuales que involucren la imagen de niñas, niños y adolescentes generados o manipulados mediante inteligencia artificial y otras tecnologías digitales.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar el Código Penal Federal para imponer penas de siete a doce años de prisión, así como multas que van de ochocientos a dos mil días, a quienes utilicen herramientas tecnológicas para generar, alterar, simular o reproducir imágenes, audios o videos con fines sexuales que representen a menores de edad.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia y plantea modificar el artículo 202, dentro del apartado referente a la pornografía de personas menores de dieciocho años o de personas que no tienen capacidad para comprender o resistir el acto. El objetivo es que la ley también castigue a quienes almacenen, publiquen, distribuyan, transmitan, comercialicen o intercambien este tipo de contenidos por cualquier medio físico o digital.
En la argumentación de la iniciativa se advierte que México se encuentra entre los países con mayores índices de generación y distribución de material de abuso sexual infantil, lo que evidencia la urgencia de reforzar las políticas públicas, actualizar las leyes y fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir este delito.
El legislador señala que el rápido avance de las tecnologías ha permitido la creación de materiales hiperrealistas capaces de recrear rostros, voces y movimientos con gran precisión, lo que ha abierto la puerta al uso de estas herramientas para fines ilícitos, como la fabricación de contenido sexual digital que normaliza el abuso y la explotación infantil.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, el problema no se limita a la producción y difusión de estos materiales, sino a la peligrosa normalización social de la violencia sexual contra menores en entornos digitales, situación que contribuye a la desensibilización colectiva y genera un entorno de mayor vulnerabilidad para la niñez.
La iniciativa advierte que existe un vacío legal frente a este fenómeno, ya que aunque en algunos casos no existan víctimas reales, este tipo de contenidos perpetúa la explotación sexual digital, puede usarse para extorsión o acoso y favorece la replicación de conductas delictivas en el mundo real.
Finalmente, se plantea que el Estado mexicano debe asumir un papel preventivo más activo, estableciendo límites claros, sanciones efectivas y mecanismos de supervisión tecnológica que garanticen la protección de los derechos, la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes frente a las amenazas del entorno digital.
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