Rubén Moreira Valdez arremetió contra la nueva legislación en materia de aguas, al calificarla como inconstitucional, autoritaria y dañina para millones de mexicanos, particularmente para campesinos, productores y pueblos originarios. El diputado federal sostuvo que la reforma fue aprobada sin análisis real, sin debate y sin consultar a las comunidades que, aseguró, debían ser las principales beneficiadas.
De acuerdo con el legislador del PRI, la ley se convirtió en un instrumento de control político del gobierno federal, al centralizar decisiones sobre el acceso y uso del agua. Señaló que el dictamen, de más de 500 páginas, fue aprobado de manera exprés tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sin que los legisladores de Morena lo leyeran de fondo.
Moreira reconoció el trabajo de Miguel Sulub Caamal, secretario técnico de su bancada, quien advirtió que la obligación de expedir una Ley General de Aguas, vigente desde 2012 para garantizar el derecho humano al agua, fue utilizada por Morena para reformar la legislación de aguas nacionales y construir un mecanismo de control político. Agregó que se pretende justificar la falta de consulta con un ejercicio realizado en 2019 que, afirmó, no corresponde al contenido de esta nueva ley.
En el mismo sentido, analistas y especialistas como Mario Di Costanzo señalaron que incluso legisladores oficialistas desconocían los artículos que aprobaban, lo que evidenciaría improvisación y falta de responsabilidad en el proceso legislativo.
La crítica central se dirigió al artículo 22, que, según los opositores, dificulta la transmisión de derechos de agua para pequeños productores, mientras abre la puerta a grandes empresas y acaparadores. Afirmaron que este diseño beneficia a grupos cercanos al poder y deja en desventaja a productores de estados como Chihuahua, Guanajuato y Baja California.
Los señalamientos también apuntan a que la nueva legislación obliga a los campesinos a cubrir de su propio bolsillo la instalación de medidores, la tecnificación de los sistemas de riego y nuevas inversiones, sin que existan apoyos o esquemas de crédito suficientes. Además, advierten que los municipios tendrían facultades para regular sistemas de captación de agua en los hogares, lo que, aseguran, representaría una intromisión en la propiedad privada.
Finalmente, Moreira afirmó que detrás de la reforma no existe un objetivo económico o ambiental, sino político. Acusó que el gobierno busca controlar el acceso al agua para influir en comunidades rurales, en un contexto que calificó como crítico en materia económica, de salud y de seguridad. Aseguró que, mientras no haya inversión suficiente en infraestructura hidráulica, la ley agravará la crisis hídrica en el país.
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