En la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa para fortalecer el combate al acoso escolar y convertirlo en una responsabilidad compartida entre autoridades educativas, escuelas y familias, mediante reformas a la Ley General de Educación.
La diputada Ana Isabel González González impulsó la propuesta que plantea agregar los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies, con el objetivo de que el Estado priorice el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, garantizando su derecho a una vida libre de violencia dentro y fuera de las aulas.
El proyecto define el bullying como cualquier forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera repetida por un estudiante contra otro, con la intención de intimidar, excluir o causar daño, incluyendo expresiones de ciberacoso.
La iniciativa establece nuevas obligaciones para madres, padres y tutores, quienes deberán participar en programas de prevención, colaborar con las autoridades escolares en la corrección de conductas y garantizar atención psicológica a sus hijas e hijos cuando así lo determinen las instituciones educativas.
En caso de reincidencia en conductas de acoso, la propuesta contempla medidas progresivas hacia los padres o tutores: amonestación y asistencia obligatoria a cursos de parentalidad positiva; posteriormente, multas económicas proporcionales al ingreso familiar; y, en una tercera falta, la canalización a instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental, sin criminalizar a los menores.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación, y establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el DIF Nacional y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, emitirá los lineamientos para la aplicación de estas medidas.
En su argumentación, la legisladora advirtió que el acoso escolar se ha convertido en una de las principales causas de deserción en educación básica, con graves impactos en el desempeño académico, la salud emocional y el aumento de la violencia juvenil. Asimismo, subrayó que la legislación vigente reconoce el derecho de los menores a vivir libres de violencia, pero no delimita con claridad la responsabilidad parental en este tipo de casos.
La propuesta busca cerrar vacíos legales, prevenir daños irreparables y construir entornos educativos más seguros, dotando a docentes y estudiantes de herramientas para identificar y enfrentar el acoso escolar.
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