Con la reciente aprobación de la Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión, el sector rural del país acusa haber sido blanco de una decisión que, lejos de fortalecer la soberanía alimentaria, termina por debilitar a quienes producen los alimentos que llegan a la mesa de millones de mexicanos. Campesinos, agricultores y transportistas calificaron la medida como una “traición” legislativa, al considerar que se privilegia la importación de granos y productos básicos sobre el impulso a la producción nacional, bajo el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum.
Organizaciones como el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo de México denunciaron que sus llamados al diálogo fueron sistemáticamente ignorados. Aseguran que, en lugar de abrir espacios de negociación sin presiones, las autoridades optaron por modificar el esquema de derechos de agua, retirando facilidades históricas a la agricultura, la ganadería y la agroindustria campesina, mientras se favorece a grandes industrias como la cervecera y la de bebidas embotelladas.
El nuevo marco legal impacta de manera directa a ejidatarios con superficies de entre una y tres hectáreas, a comuneros con parcelas menores a una hectárea y a pequeños y medianos propietarios con unidades de riego de hasta 15 hectáreas. Los mayores efectos se resentirán en la producción de granos básicos como maíz, sorgo, trigo y avena, pilares de la alimentación y de la cadena pecuaria nacional.
A este escenario se suma el encarecimiento de los costos de operación en el campo. Los productores enfrentan mayores cargas por servicios financieros, pagos de energía eléctrica y contribuciones prediales, mientras el discurso oficial sostiene que las reformas buscan frenar a los grandes acaparadores del agua. Los campesinos sostienen que, en su caso, esa narrativa no se sostiene, pues quienes concentran realmente el recurso son los grandes consorcios agroindustriales, no los ejidos ni las pequeñas comunidades, especialmente en regiones del sur y sureste como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas.
El deterioro del apoyo presupuestal al campo es otro de los puntos más críticos. En comparación con 2017, los recursos federales para el sector se han reducido alrededor de 50 por ciento, lo que se refleja en menor productividad, falta de fertilizantes, ausencia de agroquímicos accesibles, problemas de comercialización y precios castigados en cultivos estratégicos como maíz, frijol, trigo y arroz.
El crecimiento de las importaciones también enciende alertas. En el caso del maíz, grano básico en la dieta nacional y en la alimentación animal, alrededor de 700 kilos de cada tonelada consumida en el país provienen del extranjero, lo que ha generado un desbalance creciente en la balanza alimentaria de México.
A la par, la nueva Ley General de Aguas obligará a los productores a invertir en sistemas de modernización, sin que exista un esquema oficial de financiamiento que los respalde. La desaparición de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario y la falta de presencia real de FIRA en el crédito rural dejaron al campo sin herramientas efectivas para invertir y crecer.
El rezago tecnológico se ha vuelto una constante. En amplias regiones del centro, sur y sureste del país persisten prácticas ancestrales como la tracción animal, ante la inexistencia de programas de mecanización y promoción de maquinaria. La producción se sostiene, en muchos casos, únicamente con el esfuerzo de la mano de obra campesina, mientras desde los centros de decisión se diseñan leyes sin conocimiento real del territorio.
El campo mexicano continúa marginado
Los presupuestos públicos actuales confirman la falta de prioridad hacia el sector productivo. Para este año, los recursos destinados al campo apenas alcanzan los 75 mil millones de pesos, menos del uno por ciento del gasto total, mientras que los programas sociales concentran cerca de 987 mil millones de pesos, es decir, casi un billón de pesos. En los hechos, el gobierno destina más de 12 veces más recursos al asistencialismo que al fortalecimiento de la producción de alimentos, manteniendo al campo mexicano en un rezago que amenaza directamente la seguridad alimentaria del país.
Fuente: Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
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