Las y los diputados federales del PRI advirtieron que la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, impulsada por Morena y sus aliados, criminaliza a las personas usuarias, no atiende de fondo el problema de las adicciones y podría detonar un mercado negro de grandes dimensiones en el país.
Desde la Cámara de Diputados, la bancada priista —coordinada por Rubén Moreira Valdez— sostuvo que la ruta de la prohibición total es equivocada, por lo que votó en contra del dictamen. Afirmaron que esta estrategia no reduce el consumo y, por el contrario, genera riesgos adicionales para la salud pública y para la seguridad, al fomentar la distribución clandestina.
Las legisladoras Ana González, Ivonne Ruiz Moreno y Mónica Sandoval Hernández llamaron a las y los consumidores a informarse sobre el contenido de la iniciativa y las sanciones penales previstas, al considerar que las medidas planteadas son excesivas y de alto impacto social.
Ana González explicó que el artículo 456 Bis contempla penas de uno a ocho años de prisión, así como multas que pueden alcanzar hasta dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a alrededor de 225 mil pesos, para quienes participen en actividades relacionadas con estos dispositivos. Detalló que se sancionan, al menos, 17 conductas, que van desde la adquisición y el almacenamiento, hasta la venta, distribución y cualquier tipo de publicidad que promueva su consumo.
La legisladora insistió en que la salida responsable no es la persecución penal, sino la regulación mediante una ley secundaria, acompañada de campañas de prevención. Señaló que países como el Reino Unido, Nueva Zelanda y diversas naciones de la Unión Europea han optado por modelos de regulación y no por la prohibición absoluta.
Por su parte, Ivonne Ruiz advirtió que esta reforma provocará un aumento en la venta clandestina, demandará mayores recursos para la vigilancia sanitaria y saturará aún más al sistema judicial, que ya enfrenta altos niveles de carga. Agregó que la iniciativa introduce una fuerte centralización del sistema de salud, otorgando mayores facultades a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, además de contemplar la creación de un Sistema Federal Sanitario.
También alertó que, con estos cambios, se elimina la obligación de que el Fondo de Salud para el Bienestar garantice la atención de enfermedades de alto costo, como el cáncer, lo que consideró un retroceso para las familias.
Al cierre del posicionamiento, Mónica Sandoval acusó que la reforma pretende criminalizar a los jóvenes y advirtió un distanciamiento entre las decisiones legislativas y la realidad que se vive en las calles. Sostuvo que hoy existen carencias en hospitales y desabasto de insumos, y cuestionó la rapidez con la que Morena busca aprobar reformas de alto impacto.
Finalmente, el grupo parlamentario del PRI señaló que las reformas se intentan aprobar sin un análisis profundo ni diálogo efectivo con las entidades federativas, a pesar de que los cambios impactan directamente la operación local de los servicios de salud.
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