La Comisión de Gobernación del Congreso local aprobó por unanimidad el acuerdo que otorga certeza jurídica a la solicitud de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza para ajustar sus límites territoriales en la zona donde se proyecta la construcción del nuevo estadio de Tigres.
Tomás Montoya, presidente de la Comisión, explicó que el dictamen avala la cesión de un polígono de 33 mil metros cuadrados a favor de San Nicolás, luego de que ambos Ayuntamientos sesionaran en sus respectivos Cabildos y firmaran un convenio amistoso para formalizar la nueva delimitación.
El legislador señaló que este ajuste permitirá evitar duplicidades normativas y operativas rumbo al desarrollo del proyecto. Destacó que, sin esta certeza jurídica, podrían generarse situaciones complicadas como la aplicación de dos reglamentos de construcción o trámites paralelos en materia de factibilidades. Incluso, añadió, la coordinación de seguridad para el futuro estadio podría convertirse en un problema de competencia si no se realizaba la aclaración territorial.
Con la aprobación del Congreso, a partir del primero de enero todas las obligaciones fiscales, administrativas y de cualquier tipo por parte de particulares deberán atenderse directamente con el municipio de San Nicolás.
Además, el Gobierno del Estado deberá proceder con el otorgamiento de los derechos del terreno a los inversionistas para que continúen sin contratiempos los trabajos rumbo a la edificación del inmueble proyectado para convertirse en la nueva casa del club Tigres.
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