Desde la Cámara de Diputados se impulsa una iniciativa para cerrar el paso a prácticas fraudulentas que han afectado el patrimonio de miles de familias en el país. La propuesta plantea sancionar con penas de prisión a los profesionistas del derecho que, de manera dolosa y aprovechándose de su conocimiento legal, participen en actos destinados a despojar a una persona de su propiedad.
La diputada Delhi Miroslava Shember Domínguez, de Morena, presentó una iniciativa que busca adicionar el artículo 395 Bis al Código Penal Federal, con el fin de establecer una pena de seis a doce años de prisión, además de una multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la inhabilitación para ejercer la profesión hasta por un periodo de diez años.
El planteamiento incluye sancionar al profesionista del derecho que, con pleno conocimiento de causa, tramite, gestione o presente documentos falsos o simulados para obtener de manera ilegal la posesión o la propiedad de un inmueble en perjuicio de su legítimo titular. El texto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis y eventual dictamen.
La iniciativa advierte que, en caso de que el responsable sea notario público, corredor público o servidor público del ámbito judicial o registral, la pena podrá incrementarse hasta en una mitad, dada la gravedad del abuso de funciones y la responsabilidad que implica el cargo.
En la exposición de motivos se señala que en los últimos años se ha registrado un aumento preocupante de despojos ilegales de viviendas, terrenos y locales, en los que no solo intervienen particulares, sino también abogados y otros profesionistas del derecho que, aprovechando sus conocimientos, asesoran, facilitan o ejecutan maniobras fraudulentas.
El documento subraya que estas conductas resultan especialmente graves porque provienen de personas obligadas, por su profesión, a defender la legalidad, la justicia y el patrimonio de los ciudadanos. Cuando un abogado o notario actúa de manera dolosa en un despojo, se daña no solo a la víctima directa, sino también la confianza en las instituciones jurídicas y en el sistema de justicia.
La diputada promotora de la iniciativa argumenta que, si bien el artículo 395 del Código Penal Federal sanciona el despojo de inmuebles, actualmente no existe una agravante específica cuando el delito es cometido por un profesionista del derecho que abuse de su calidad. Por ello, considera necesario subsanar ese vacío legal para inhibir estas prácticas, proteger la seguridad patrimonial y fortalecer la ética profesional.
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