Con una votación dividida y un debate marcado por las posturas encontradas sobre la paridad de género, el Congreso del Estado avaló la reforma electoral que obligará a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral de 2027, además de introducir cambios de fondo en la organización de los comicios locales.
El dictamen fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de los seis diputados de Morena y de los dos legisladores varones del PAN. A favor se pronunciaron las bancadas del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, así como las diputadas del PRI Sara Rocha y Frinné Azuara; el diputado Marco Gama, de Movimiento Ciudadano; y Crisógono Pérez, de Nueva Alianza.
La reforma modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer reglas permanentes para garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas, particularmente en cargos de elección popular de carácter unipersonal como la gubernatura y las presidencias municipales.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se reforman los artículos 36 y 72 de la Constitución local, así como los artículos 9, 11, 52 y 265 de la Ley Electoral, al considerar que dichas modificaciones son jurídica y constitucionalmente válidas, al pasar de esquemas temporales a un marco normativo obligatorio y permanente.
El Congreso consideró que la reforma constitucional era impostergable, ya que el marco vigente no contemplaba una regulación expresa que garantizara la paridad en la contienda por el Poder Ejecutivo estatal, lo cual resultaba incompatible con los principios de igualdad sustantiva reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Como parte del análisis legislativo, se reconoció que desde la creación del Estado ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo, situación que fue señalada como evidencia de una barrera estructural que ha limitado el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres.
Uno de los ejes centrales del decreto establece que, para el proceso electoral local ordinario de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar mujeres como candidatas a la gubernatura. En los procesos subsecuentes, la postulación se realizará bajo el principio de alternancia de género, permitiendo la participación de hombres, sin impedir que continúen postulándose mujeres como una acción afirmativa para reducir la desigualdad.
De manera paralela, las reformas a la legislación electoral introducen ajustes orientados a fortalecer la organización y eficiencia de los procesos electorales, modernizar la estructura administrativa del organismo electoral y precisar reglas en materia de prerrogativas, fiscalización, quejas y denuncias.
En el ámbito operativo, se aprobó adelantar el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo a la elección, al considerar que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana requiere mayor margen de preparación para la contratación de personal, la capacitación del funcionariado, la planeación operativa y la selección de candidaturas independientes.
Asimismo, se estableció la remuneración para las y los integrantes de las comisiones distritales y comités municipales, al considerar que la ausencia de pago constituía una omisión legislativa contraria a los principios de dignidad, proporcionalidad y profesionalización de la función electoral.
La reforma también incorpora un procedimiento sumario para la sustitución o revocación de nombramientos en órganos desconcentrados, con el propósito de evitar vacíos operativos derivados de procesos excesivamente prolongados.
En materia de prerrogativas y financiamiento, el Congreso armonizó la legislación local con el criterio del Instituto Nacional Electoral que fija un límite del 25 por ciento mensual para la ejecución de sanciones económicas, lo que otorga mayor certeza jurídica tanto a los partidos políticos como a la autoridad electoral.
Al cierre del dictamen, se concluyó que la reforma es compatible con el marco constitucional federal y resulta necesaria para garantizar el derecho de las mujeres a ser votadas en condiciones de igualdad real, bajo los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género, no discriminación y progresividad.
Especial-eitmedia.mx
Foto: Tomada de https://congresosanluis.gob.mx/
