Gobernadora con A, extorsión sin freno y viejos pecados que regresan
San Luis Potosí decidió dar un paso que marcará precedente: en 2027 solo habrá candidatas mujeres para la gubernatura. La reforma electoral aprobada por mayoría en el Congreso local, pese al voto en contra de Morena y de dos legisladores varones del PAN, convierte en norma lo que durante años fue discurso, lineamiento temporal o consigna política. Gobernadora con A, por mandato legal.
El argumento es claro y difícil de refutar: en la historia del estado ninguna mujer ha ocupado el Poder Ejecutivo. La paridad, dicen sus promotores, no puede seguir esperando. Y así, con el aval del CEEPAC y el respaldo de diversas fuerzas políticas, San Luis Potosí pone el ejemplo de una ruta que otros estados —Nuevo León incluido— observan con atención y, quizá, con intención de replicar.
Pero la decisión no está exenta de tensiones. Para algunos, la paridad forzada corrige una deuda histórica; para otros, abre un debate incómodo sobre si la igualdad se construye ampliando derechos o restringiendo opciones. Lo cierto es que el precedente ya está sentado y la discusión dejó de ser teórica: ahora es ley.
Mientras los congresos discuten cómo deben escribirse las boletas del futuro, la realidad cotidiana sigue presentando cuentas pendientes. Esta semana, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió lo que las cifras y la calle ya decían: la extorsión no ha bajado como esperaba el gobierno federal. Pese a operativos, estrategias y anuncios, el delito se mantiene, se adapta y repunta.
Los números son elocuentes. Tras una ligera disminución inicial, las denuncias volvieron a subir, obligando al Gabinete de Seguridad a revisar la eficacia de su estrategia. Reconocerlo es un paso necesario, pero insuficiente para quienes viven bajo la amenaza permanente de una llamada, un cobro ilegal o una advertencia velada. La extorsión sigue siendo uno de los delitos que más desgasta la confianza ciudadana y más evidencia la fragilidad del Estado frente al crimen organizado.
Y como si el presente no fuera suficientemente complejo, el pasado vuelve a pasar factura. Esta semana, una juez federal vinculó a proceso al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero, ratificando la prisión preventiva y abriendo un nuevo capítulo en una historia marcada por desvíos millonarios, triangulaciones financieras y redes empresariales diseñadas para ocultar recursos públicos.
Duarte ya acumulaba procesos por peculado; ahora, la Fiscalía General de la República sostiene que utilizó el sistema financiero para esconder más de 73 millones de pesos del erario. Viejos nombres, viejas prácticas, viejas heridas que confirman que la corrupción no es una anécdota del pasado, sino una constante que sigue alcanzando a la política mexicana.
