Con el objetivo de frenar lo que considera abusos en el manejo de la información financiera, la diputada Azucena Arreola Trinidad presentó una iniciativa para acortar de manera drástica el tiempo en que una deuda permanece registrada en los burós de crédito una vez que ha sido liquidada. La propuesta plantea que el historial se actualice en un plazo máximo de 10 días hábiles, y no hasta seis años como ocurre actualmente.
La legisladora señaló que las Sociedades de Información Crediticia son empresas privadas que resguardan datos personales durante largos periodos y elaboran reportes que afectan el historial de las personas, aun cuando ya hayan cumplido con sus obligaciones. “Estas empresas privadas que manejan datos personales, los almacenan por años y emiten reportes unilaterales sobre el historial crediticio personas, incluso cuando ya se han cubierto las obligaciones crediticias”, expresó.
Arreola Trinidad explicó que un retraso en los pagos puede convertirse en una marca negativa permanente, incluso después de haber saldado la deuda, lo que genera una forma de discriminación financiera sin que exista una sentencia judicial o un reclamo vigente del acreedor. “Si tuvieras algún retraso en tus pagos, aun cuando ya hayas pagado tu deuda, los reportes crediticios de los buros de crédito o Sociedades de Información Crediticia, se vuelven una marca negativa, una forma de discriminación financiera, sin que exista sentencia judicial de por medio o un reclamo por parte de quien fue el acreedor o prestó el servicio”, sostuvo.
La diputada agregó que esta situación resulta especialmente grave porque la ley establece que cualquier reclamo entre deudor y acreedor concluye con el pago del crédito. “Esto es especialmente grave cuando has pagado tu deuda, toda vez que los reclamos extrajudiciales o jurisdiccionales entre un deudor y un acreedor se terminan con el pago del crédito. Así lo establece la ley”, apuntó.
De acuerdo con la legisladora, los burós de crédito concentran información sensible de más de 27 millones de personas de entre 18 y 70 años, lo que convierte adeudos con bancos, tiendas departamentales o compañías telefónicas en obstáculos permanentes para quienes buscan nuevas oportunidades financieras. “Los burós de crédito concentran información sensible de más de 27 millones de personas entre 18 y 70 años, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Por lo que las deudas con bancos, tiendas departamentales y compañías telefónicas, etcétera, se convierten en cadenas perpetuas para quienes buscan oportunidades de crédito para el desarrollo”, indicó.
La iniciativa propone reformar el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el fin de reducir el tiempo en que las y los clientes permanecen registrados en el buró. En ese marco, Arreola Trinidad afirmó que el objetivo central es erradicar el estigma financiero que afecta tanto a personas físicas como morales. “La iniciativa que se presenta busca eliminar del historial crediticio, el estigma financiero, que asocia a una persona física o moral con características indeseables, resultando en una disminución de su prestigio social y, a menudo, en discriminación”, señaló.
La diputada añadió que con esta reforma se busca modificar la percepción social sobre los burós de crédito, a los que se les atribuye imponer castigos sin juicio y basarse en información inexacta o desactualizada. “Se pone fin a la percepción social de que los burós de créditos, Sociedades de Información Crediticia, imponen un castigo sin juicio, incluso basados en información inexacta o desactualizada, limitando el acceso a servicios financieros sin un debido proceso judicial formal”, subrayó.
Finalmente, destacó que la propuesta también fomenta la cultura de pago y combate la exclusión social y financiera derivada de los historiales negativos. “La iniciativa estimula la cultura de pago, toda vez que se pone fin al estigma por estar registrado con un historial negativo, dificultando acceso a créditos, hipotecas e incluso, en algunos casos, a oportunidades de empleo o vivienda, lo que genera exclusión social y financiera”, puntualizó.
De ser avalada por el Pleno, la diputada consideró que la reforma permitiría a las personas que ya liquidaron sus deudas dejar de enfrentar barreras financieras y situaciones de injusticia social. “El consumidor común ya no estará a merced de grandes corporaciones sin un mecanismo de defensa accesible е inmediato. Las personas físicas o morales que cubran sus créditos, es decir, que paguen sus deudas, ya no enfrentarán barreras financieras o situaciones de injusticia social”, concluyó.
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