Ejidatarios del municipio de Hidalgo acudieron al Congreso de Nuevo León para exigir que se etiquete un presupuesto destinado a indemnizar la pérdida de sus tierras, cuyo dominio reclaman desde hace más de 25 años. Se trata de alrededor de 400 personas que aseguran haber sido despojadas de predios donde hoy se asientan más de 30 mil habitantes distribuidos en 21 colonias.
Los afectados sostienen que, tras una larga batalla legal y social, existen sentencias del Tribunal Agrario que reconocen la existencia jurídica del Ejido Potrero Chico y, con ello, el derecho de sus integrantes a recibir una compensación económica a valor actual de sus propiedades. En ese contexto, solicitaron al Poder Legislativo que asigne los recursos necesarios para que el Gobierno del Estado y el municipio de Hidalgo cumplan con el pago correspondiente.
El representante legal de los ejidatarios, Francisco López Salinas, explicó que el llamado al Congreso busca abrir una vía de diálogo institucional que permita destrabar el conflicto. “Con la intervención de las diputadas y diputados se abre la posibilidad de que se negocie entre los ejidatarios y las autoridades de todos los niveles de Gobierno, y se llegue a un acuerdo social y económico entre las partes”, señaló.
Aclaró que los reclamantes no pretenden afectar a las miles de familias que actualmente habitan en la zona y que adquirieron sus viviendas o negocios de buena fe. “Los ejidatarios no quieren llegar al grado de solicitar a los jueces el desalojo, si no que buscan un buen acuerdo que beneficie a todas las partes, y se llegue al pago de indemnizaciones conforme a la ley”, afirmó.
El conflicto se centra en el presunto despojo de 8 mil 390 hectáreas que fueron otorgadas mediante decreto presidencial como parte del Ejido Potrero Chico. De acuerdo con los ejidatarios, durante casi tres décadas estos terrenos han sido fraccionados y convertidos en colonias y predios urbanos con la intervención de distintas administraciones municipales y estatales.
López Salinas denunció la existencia de prácticas irregulares en la comercialización de la tierra. “Existe una mafia de bienes raíces que se ha dedicado a vender terrenos para casas y negocios, a sabiendas de que no tienen derecho sobre las propiedades, consiguiendo que les brinden los servicios de agua y energía eléctrica para predios no urbanizables”, explicó.
También acusó que, pese a las resoluciones judiciales, la actual alcaldesa de Hidalgo, Adriana Margarita Garza, continúa autorizando planos para nuevas construcciones. Señaló que esto ocurre aun cuando existen sentencias en su contra y órdenes expresas para no permitir más desarrollos, lo que, dijo, constituye un desacato.
Con base en los fallos del Tribunal Agrario que reconocen los derechos de los ejidatarios, los inconformes pidieron al Congreso que intervenga ante el Gobierno del Estado y diversas dependencias estatales y federales para que se ratifique su derecho a la indemnización. De acuerdo con estimaciones del mercado inmobiliario, el monto por las más de 8 mil 300 hectáreas en disputa superaría los 100 mil millones de pesos.
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