La Casa Blanca dio un giro relevante en la política federal sobre cannabis al firmarse una orden ejecutiva orientada a fortalecer la investigación científica de la marihuana medicinal y el cannabidiol, con el objetivo de ofrecer mayor certidumbre tanto a pacientes como a médicos. Desde nuestra redacción, el énfasis está puesto en un mensaje claro: reconocer el uso médico y reducir los obstáculos que por años han limitado el conocimiento y la regulación.
La orden instruye a agilizar el proceso para reclasificar la marihuana dentro de la Ley de Sustancias Controladas, un paso que busca dejar atrás su actual condición de Lista I, donde se le considera sin uso médico aceptado. El cambio a la Lista III se alinea con la recomendación emitida en 2023 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que reconoció por primera vez su uso médico aceptado. Este ajuste, de concretarse, permitirá ampliar y mejorar los estudios sobre seguridad y eficacia.
El contexto ya había cambiado a nivel estatal. Cuarenta estados y el Distrito de Columbia cuentan con programas de marihuana medicinal regulados, y más de 30 mil profesionales de la salud con licencia están autorizados a recomendarla a más de seis millones de pacientes registrados para al menos 15 afecciones médicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha identificado respaldo científico creíble para su uso en casos de anorexia asociada a condiciones médicas, náuseas, vómitos y dolor, un padecimiento que afecta a casi uno de cada cuatro adultos y a más de uno de cada tres adultos mayores. Seis de cada diez usuarios de marihuana medicinal reportan emplearla para controlar el dolor, y la evidencia muestra mejoras en la calidad de vida de algunos adultos mayores.
Pese a ese avance, la falta de investigación suficiente y la ausencia de aprobación formal de la FDA han dejado a pacientes y médicos sin una guía clara, situación que se agrava si se considera que poco más de la mitad de los adultos mayores que usan marihuana han hablado del tema con su proveedor de salud. El estatus de Lista III permitiría incorporar evidencia y modelos del mundo real en los estudios, además de evaluar efectos a largo plazo, con atención especial en poblaciones vulnerables como adolescentes y adultos jóvenes.
La orden también aborda el acceso y la investigación de productos cannabinoides derivados del cáñamo, principalmente aquellos que contienen CBD. Aunque no son sustancias controladas, estos productos carecen de una vía regulatoria clara por parte de la FDA, lo que limita la consistencia y las protecciones al consumidor. Uno de cada cinco adultos estadounidenses y casi el 15 por ciento de los adultos mayores reportaron haber consumido CBD en el último año, y estudios clínicos han mostrado mejoras en pacientes con dolor crónico. Sin embargo, el panorama legal complejo, incluidos cambios recientes que afectan a productos de espectro completo, ha dejado nuevamente a médicos y pacientes sin orientación suficiente.
La estrategia contempla trabajar con el Congreso para permitir el acceso adecuado a productos de CBD de espectro completo, al tiempo que se restringe la venta de aquellos que representen riesgos graves para la salud. También se instruye al HHS a desarrollar métodos y modelos de investigación que utilicen evidencia del mundo real para informar estándares de atención y mejorar el acceso conforme a la ley federal.
Este movimiento se inscribe en una agenda más amplia de atención médica. La administración ha anunciado acuerdos con fabricantes farmacéuticos para equiparar precios con otros países desarrollados, medidas para transparentar costos antes de recibir atención, acciones para retirar colorantes sintéticos del suministro alimentario y órdenes ejecutivas para ampliar opciones de atención a veteranos, reducir tiempos de espera y reforzar la atención médica virtual. A ello se suma una orden para imponer estándares de rigor científico en las agencias federales y la promulgación de una ley que incluye una inversión de 50 mil millones de dólares para transformar la atención médica en comunidades rurales, además de ampliar el acceso a cuentas de ahorro para la salud.
En conjunto, la orden ejecutiva sobre marihuana medicinal y CBD busca cerrar una brecha histórica entre la realidad del uso médico y la política federal, apostando por más ciencia, mayor claridad regulatoria y mejores herramientas para quienes toman decisiones clínicas y para quienes buscan alivio en tratamientos que, hasta ahora, habían quedado en un terreno incierto.
Con información de https://www.whitehouse.gov/
Foto: Tomada de https://x.com/WhiteHouse
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