
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del PVEM, impulsa una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca cambiar por completo la forma en que se cobran los estacionamientos en centros comerciales. Su propuesta, enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, pretende que cualquier persona que acuda a consumir en una plaza tenga derecho, por ley, a por lo menos dos horas sin costo.
La iniciativa plantea que el estacionamiento deje de ser un servicio separado del acto de consumo. De acuerdo con la exposición de motivos, para muchos usuarios —en especial personas adultas mayores, con movilidad reducida o en condición vulnerable— el automóvil no es un lujo, sino la única vía de acceso a bienes y servicios básicos. Por ello, sostiene que el cobro obligatorio por aparcar se ha convertido en una carga desproporcionada.
El documento también señala que el marco legal actual ha dejado a la ciudadanía en desventaja frente a los proveedores, pues no existe regulación que impida hacer del estacionamiento un gasto adicional sin relación directa con la compra realizada. En contraste, se argumenta que el diseño jurídico e institucional ha favorecido por años a los centros comerciales, al grado de permitir cobros y condiciones que operan prácticamente sin supervisión.
La propuesta no busca una prohibición absoluta del cobro, pues reconoce que transferir por completo ese costo a los proveedores sería inviable. En cambio, se plantea un esquema equilibrado: otorgar un periodo mínimo gratuito que proteja al consumidor sin afectar de manera excesiva a los establecimientos.
Según datos citados de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales, en México existen más de 900 centros comerciales y la mayoría cobra el estacionamiento como un servicio extra. Incluso se han detectado casos en los que máquinas y sistemas de cobro presentan irregularidades para cargar montos mayores.
Con estos argumentos, la iniciativa busca que el estacionamiento se considere un servicio accesorio al consumo y que condicionar el acceso a bienes o servicios mediante el cobro o manipulación del tiempo de estancia sea catalogado como una práctica abusiva.
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